Órdenes judiciales en firme contra implicados en millonario desfalco en Melgar
Galarraga demandó a la Alcaldia en una acción popular en la que, de manera insólita, figuraba tanto como demandante como demandado.
Conlaverdad.com logró establecer en exclusiva, que existen órdenes judiciales vigentes en contra de los implicados en un contrato donde se presentaron graves anomalías y que derivó en un desfalco multimillonario al municipio de Melgar.
La Fiscalía General de la Nación avanzó a paso lento en la investigación, a pesar que la denuncia fue instaurada en octubre de 2023. Según un documento obtenido por este medio, el proceso por prevaricato por acción (art. 413 del Código Penal) se mantenía en etapa de indagación, con un programa metodológico vigente y órdenes a la Policía Judicial que fueron ejecutadas en diferentes informes de campo, el último de ellos con fecha de junio de 2024.
A pesar de estas acciones, la ineficiencia del sistema judicial permitió que este escándalo se dilatara, afectando las finanzas del municipio ubicado al oriente del Tolima, y dejando en evidencia una estructura de corrupción que involucró a abogados, peritos y árbitros.
Un contrato que sirvió de puerta abierta al fraude
El origen de este caso se remonta al 2004, cuando el entonces alcalde de Melgar, Moisés Carreño, firmó un contrato con el abogado Wilyan Jair Galarraga Guzmán, cuyo propósito aparente era la recuperación de bienes para el municipio. Sin embargo, los bienes nunca fueron propiedad del municipio, sino de la empresa descentralizada Empumelgar y la extinta Hydros Melgar S.C.A., E.S.P.
En una jugada que resultó en la presunta estafa, Galarraga demandó a la Alcaldia en una acción popular en la que, de manera insólita, figuraba tanto como demandante como demandado. A pesar de este evidente conflicto de intereses, la demanda prosperó y el abogado terminó reclamando más de $4.2 mil millones en honorarios.
El caso fue llevado a un proceso de arbitraje, donde el árbitro único designado, Juan Pablo García Peñalosa, del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Ibagué, falló en contra del municipio, obligándolo a pagar $2.6 mil millones.
Lo más grave fue que esta cifra correspondía al 15% del valor de redes de acueducto y alcantarillado, que posteriormente se comprobó que ya eran propiedad de le administración y no debían ser reclamadas.
Un perito sin credenciales y un fallo amañado
Otro elemento en esta operación fue la designación de Ángel Augusto Zartacomo perito. Su participación fue escandalosa, pues en 2010 había sido sancionado con 10 años de suspensión y en 2011 excluido de la lista de auxiliares de la justicia. ¿El motivo? No tenía título de contador ni la formación necesaria para ejercer el cargo.
A pesar de esto, su peritaje fue utilizado para respaldar la condena contra Melgar. Solo cuando el Tribunal Administrativo del Tolima intervino, se ordenó la designación de peritos contadores reales, lo que dejó en evidencia la manipulación del proceso y los intereses oscuros detrás de la sentencia.
Embargos millonarios y justicia a paso de tortuga
Las consecuencias de este desfalco fueron caóticos: el municipio de Melgar terminó embargado por $4.8 mil millones, una cifra superior incluso al monto reclamado por los honorarios.
Ante esta situación, Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, intervino exigiendo a la Fiscalía y a los organismos de control acciones inmediatas para frenar el abuso contra el patrimonio público dé las Alcaldia.
Sin embargo, a pesar de la presión y las denuncias, el caso avanzó con una lentitud desesperante, permitiendo que los responsables siguieran operando con impunidad.
