Gobierno Aranda alista actualización catastral que dispararía el predial en toda Ibagué
Una carga más para el bolsillo de los ibaguereños.
La licitación por más de 15 mil millones de pesos, adjudicada a un único oferente, y orientada a la actualización catastral de Ibagué, desató una nueva controversia en el Concejo Municipal. El cabildante conservador Jorge Bolívar, cuestionó el proceso contractual como los efectos fiscales que esta decisión podría acarrear sobre los contribuyentes, en particular los de menores ingresos.
El contrato, que forma parte del Plan de Desarrollo del gobierno de Johana Aranda, tiene como propósito actualizar los avalúos de los predios urbanos y rurales de la capital tolimense. Sin embargo, para el cabildante, el trasfondo de esta actualización no es técnico sino fiscal: el reajuste de los avalúos catastrales desembocaría en un alza sustancial del impuesto predial.
“Esto lo vengo denunciando no de ahora, sino desde el mismo Plan de Desarrollo, porque esta estrategia la traen desde allí”, dijo. En su intervención, expuso que sectores como las comunas Seis, Siete, Ocho, 11 y 12, así como barrios como Nueva Castilla, Nazaret y Limón, serían los más afectados, dada la correlación entre pobreza y proporción de carga tributaria frente al ingreso.
Pero más allá del impacto social, Bolívar puso en duda la transparencia del proceso contractual. “Una sola persona es la que se ganó un contrato de más de 15 mil millones de pesos en la ciudad de Ibagué. Lamentable”, afirmó, subrayando que la ausencia de pluralidad de oferentes en una licitación de semejante magnitud genera dudas legítimas sobre la rigurosidad del proceso y sus eventuales consecuencias administrativas o jurídicas.
La crítica también se extendió a la oportunidad de la actualización catastral. Según el entrevistado, la administración cuenta con un presupuesto superior a 1.5 billones de pesos y un superávit reciente de 100 mil millones, sin que esto se haya traducido en obras significativas. “¿Qué obra grande han empezado a realizar en esta administración con todo el recurso monetario que les está ingresando? Yo les digo, ninguna”, aseveró.
La discusión sobre la actualización catastral no es nueva, pero la magnitud del contrato y la forma en que fue adjudicado la han vuelto un foco de atención política y ciudadana. Mientras el proceso avanza, persiste la inquietud sobre su real necesidad, su conveniencia para la ciudad y el impacto que tendrá sobre miles de ibaguereños que ya enfrentan dificultades económicas.
