El clan de la Contraloría de Ibagué que busca apoderarse del Amazonas
La actual contralora de Ibagué no llega con un historial limpio.
En el Amazonas se encendieron las alarmas al destaparse que la actual contralora de Ibagué, Edna Margarita Murcia Mejía, figura entre las admitidas en el proceso de elección del nuevo contralor departamental. La jefe del ente fiscalizador de la capital del Tolima no llegó sola: dentro del grupo de seleccionados aparecen presuntamente varios familiares y un funcionario de su despacho. El portal Conlaverdad.com reveló en entrevista exclusiva con el diputado amazónico Óscar Andrés Seoneray, del MAIS, los graves cuestionamientos que rodean este concurso.
El proceso de selección para el periodo 2026-2029 quedó en el ojo del huracán tras una serie de presuntas irregularidades que ponen en duda la transparencia de la convocatoria. Lo que comenzó en julio con una resolución de la Asamblea Departamental para abrir el concurso público, hoy está suspendido por una acción de tutela que cuestiona su legalidad y las garantías ofrecidas a los aspirantes.
La dudosa convocatoria
La Asamblea Departamental otorgó facultades a su mesa directiva para adelantar el proceso de elección, que incluía requisitos, cronograma y pruebas de conocimiento. Sin embargo, la publicación de los resultados por parte de la Universidad Nacional encendió las alarmas: ningún profesional del Amazonas superó los exámenes, mientras que la mayoría de los seleccionados provienen del Caquetá o tienen presuntos vínculos con la Contraloría de Ibagué.
De los quince aspirantes iniciales, solo cinco lograron avanzar, entre ellos nombres que llaman poderosamente la atención por sus nexos familiares y laborales.
Los nexos de poder
Entre los favorecidos aparecen:
- Edna Margarita Murcia Mejía, actual contralora de Ibagué, quien además tendría familiares y subalternos en la lista de admitidos.
- Luis Felipe Murcia Mejía, familiar de Edna Margarita y secretario general de la RAP Amazonía, entidad que ejecuta los recursos del cuestionado contrato de la vía al aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo en Leticia.
- Boris Andrés Hurtado, director técnico de control fiscal en la Contraloría de Ibagué y subalterno directo de la actual contralora.
- César Omar Rodríguez Pérez, residente en Florencia y funcionario del Hospital Comunal Las Malvinas.
La coincidencia de apellidos y relaciones laborales despertó sospechas sobre la conformación de un posible clan burocrático que buscaría extender su control al Amazonas.
El diputado habló
En diálogo en primicia Conlaverdad.com, el asambleísta Óscar Andrés Seoneray aseguró que el proceso empezó con reglas claras y cronograma definido, pero terminó bajo un manto de dudas.
“Después de las pruebas de conocimiento no quedó ni un solo amazónico. Eso ya genera suspicacias. Revisando uno a uno los nombres, encontré al menos tres familiares y varios funcionarios de la Contraloría de Ibagué. No sé si sea ilegal, pero moralmente es cuestionable”, advirtió.
Seoneray agregó que los rumores sobre los resultados del examen no eran menores: varios aspirantes manifestaron que la prueba no era difícil y que sus calificaciones no corresponden con lo respondido. Sin embargo, por restricciones legales de habeas data, los diputados no pudieron acceder directamente a las hojas de respuesta para comprobar las inconsistencias.
“Esto prende las alarmas. Nuestro departamento necesita un control fiscal efectivo frente a los elefantes blancos y las necesidades de nuestras comunidades. No podemos darnos el lujo de que lleguen personas cuestionadas o con intereses externos”, sostuvo el diputado.
El asambleísta también recordó que Edna Margarita Murcia tiene denuncias en la Procuraduría por presuntas irregularidades en procesos fiscales relacionados con la actual alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, y el exmandatario Andrés Fabián Hurtado, además de quejas por maltrato laboral en la Contraloría de Ibagué.
Investigaciones y denuncias previas
La actual contralora de Ibagué no llega con un historial limpio. Se le señala de haber archivado procesos por más de 59 mil millones de pesos relacionados con la alcaldesa Johana Aranda y el exalcalde Andrés Fabián Hurtado. Además, en su despacho se denunciaron presuntos casos de acoso laboral contra funcionarios, lo que motivó protestas sindicales.
La tutela que frenó la elección
En medio de la tormenta, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Leticia admitió una acción de tutela interpuesta por Daniel Abel Oliveira Pulido contra la Asamblea y la Universidad Nacional. El despacho consideró que se vulneraron derechos fundamentales al debido proceso y ordenó la suspensión inmediata de la convocatoria pública No. 002 de 2025.
El juez advirtió que el accionante solicitó exhibir la prueba de conocimiento para contrastar respuestas, derecho que no le fue garantizado. La medida provisional detuvo de inmediato el cronograma, mientras se revisan las irregularidades denunciadas.
La Duma se encuentra en sesiones extraordinarias para analizar el alcance de la medida. Según Seoneray, los diputados esperan conocer el texto completo de la tutela para determinar cómo ajustar el proceso y cumplir con las órdenes judiciales.
Presión política y dudas sobre la RAP Amazonía
Otro de los interrogantes que rodean este caso es el papel de la RAP Amazonía. Fuentes locales cuestionan si existió presión hacia el gobernador Óscar Sánchez Guerrero para desistir de su posición frente a la liquidación del contrato de la avenida al aeropuerto, una obra enredada en incumplimientos y polémicas.
La elección quedaba en manos de los 11 diputados de la Asamblea Departamental, quienes debían votar en secreto. Pero con la tutela en curso y las denuncias sobre parentescos, vínculos y procesos pendientes, el trámite entró en un punto muerto.
El propio Seoneray reconoció que el tiempo era corto para una revisión exhaustiva, pero advirtió: “Con tantas investigaciones encima, preocupa que entre los aspirantes no haya de dónde escoger. Nuestro departamento necesita un control fiscal efectivo”.
La Asamblea tendrá ahora la última palabra sobre quién asumirá la misión de vigilar el manejo de los recursos públicos en una de las regiones más golpeadas por la falta de control fiscal.
