Las investigaciones que pesan sobre las dos primeras en el listado a la Contraloría de Ibagué
Ambas tienen expedientes abiertos en la Procuraduría, lo que ha reavivado cuestionamientos sobre la idoneidad y transparencia del proceso.
Luego de conocerse los resultados de las pruebas de conocimiento para ocupar el cargo de contralor de Ibagué, las dos mujeres que encabezan la lista no solo concentraron la atención por sus puntajes, sino también por los procesos disciplinarios que las rodean.
Ambas tienen expedientes abiertos en la Procuraduría, lo que ha reavivado cuestionamientos sobre la idoneidad y transparencia del proceso.
El historial disciplinario de Ardila Salazar
Francy Johanna Ardila Salazar, expersonera de Ibagué y Melgar, figura con 98 puntos en los resultados y enfrenta varios procesos por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Según la Procuraduría General de la Nación, en comunicado del 29 de julio de 2024, Ardila fue investigada por el presunto exceso en el cobro de viáticos durante comisiones de servicio realizadas entre 2022 y 2023, periodo en el que habría recibido más de $55 millones. El ente de control indaga si estos gastos vulneraron los principios de austeridad y transparencia del gasto público.
La Procuraduría Provincial de Ibagué solicitó soportes de comisiones, informes e información de desplazamientos a la Personería para determinar si los gastos fueron cubiertos por las entidades convocantes o por la administración municipal. No se trata del único antecedente.
En otro comunicado del 2 de noviembre de 2023, la Procuraduría Provincial de Girardot informó que formuló pliego de cargos contra Ardila Salazar por hechos similares durante su gestión como personera de Melgar (2016–2019). En ese proceso se le atribuyó el uso indebido del presupuesto de viáticos, la autorización de pagos sin soportes válidos y la omisión de los principios de austeridad y legalidad del gasto.
De manera provisional, el Ministerio Público concluyó que la mujer habría “incurrido en culpa gravísima por desatención elemental de deberes”, al justificar desplazamientos que pudieron resolverse mediante solicitudes o comunicaciones electrónicas.
A estos antecedentes se suman hallazgos de la Contraloría del Tolima, que le atribuyó seis presuntas irregularidades administrativas, dos de ellas con incidencia disciplinaria por deficiencias en la supervisión de contratos, inconsistencias en actos administrativos y pagos de viáticos sin soportes, según la denuncia presentada por Francisco Javier Valencia Calle.
Los antecedentes de Liévano Rodríguez
Con 96 puntos, Olga Lucía Liévano Rodríguez, exsecretaria de Movilidad en el gobierno de Andrés Hurtado, y cercana a la administración actual, en cabeza de Johana Aranda, también enfrenta investigaciones.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en su contra por presunta extralimitación de funciones durante su gestión entre 2021 y 2022.
De acuerdo con el comunicado del 3 de agosto de 2024, el Ministerio Público indaga si Liévano excedió sus competencias al exigir a las empresas de transporte individual tipo taxi el recibo de pago de aportes a seguridad social como requisito para la expedición de la tarjeta de control, sin que existiera norma que lo respaldara.
Durante la indagación, la Procuraduría solicitó información detallada a las empresas de transporte sobre los trámites relacionados con la expedición de dicha tarjeta, y requirió a la Superintendencia de Transporte aclarar las facultades de las secretarías municipales para imponer este tipo de exigencias.
Ambas aspirantes, ubicadas en los primeros lugares del listado para la Contraloría de Ibagué, registran investigaciones en curso, las cuales podrían incidir en la evaluación de sus hojas de vida y en la transparencia de la elección final, que está en manos del Concejo Municipal.
