Abogados advierten posibles delitos en contrato millonario de la Alcaldía de Ibagué
La controversia por el contrato suspendido sigue generando repercusiones. En esta segunda entrega, expertos en contratación estatal ponen en evidencia las irregularidades legales y los riesgos que enfrentan las funcionarias responsables de la aprobación y supervisión del convenio.
Todo un revuelo se armó en la ciudad, luego que en exclusiva, Conlaverdad.com dejara al descubierto las presuntas irregularidades que rodean el polémico contrato firmado por la Alcaldía de Ibagué para la titulación de bienes fiscales. El convenio, suscrito por $595 millones con la firma Mendoza Lara y Consultores S.A.S., representada por Javier Enrique Mendoza Lara, no solo fue suspendido tras recibir un desembolso millonario, sino que hoy permanece en el aire y sin un solo predio titulado.
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De acuerdo con documentos oficiales revisados por esta redacción, la Alcaldía de Ibagué ya había girado un primer desembolso al contratista por $360 millones, pese a que no existía un solo avance del proyecto, ese pago inicial podría configurar un posible detrimento patrimonial.
El alboroto fue tal que varios abogados, reconocidos por su experiencia en contratación estatal, se comunicaron con este medio para advertir sobre los posibles delitos y fallas legales en que habrían incurrido la secretaria Administrativa, Norma Margarita Cifuentes Zarta, y la directora de Recursos Físicos, Sandra Milena Londoño Rodríguez, funcionarias que intervinieron en la aprobación, supervisión y pago del convenio. Según los juristas, ambas deberán explicar ante la Fiscalía y la Procuraduría el manejo de un proceso que, pese a su magnitud, terminó suspendido sin avances verificables.
El contrato No. 1365 del 21 de marzo de 2025 establecía la prestación de servicios técnicos, jurídicos y administrativos para la titulación de 250 predios fiscales de Ibagué. Sin embargo, mientras el Municipio desembolsaba recursos, la empresa no entregaba resultados. El 21 de agosto, el contratista solicitó suspender la ejecución alegando “barreras administrativas” y la falta del acto jurídico que autorizara la cesión de los bienes fiscales. La suspensión quedó respaldada en el Acta No. 1, firmada por Mendoza Lara y la supervisora Sandra Milena Londoño Rodríguez.
Para los juristas, las razones expuestas no justifican la detención de un contrato que ya había recibido recursos públicos y contaba con un cronograma en firme. Los expertos coinciden en que lo más delicado de esto es que, por su objeto y alcances técnicos, el proceso debió tramitarse bajo la modalidad de consultoría, que exige mayor rigor, estudios previos, soporte técnico especializado y filtros jurídicos estrictos. No obstante, la administración local lo suscribió como prestación de servicios profesionales, una figura que permite la contratación directa y reduce sustancialmente los controles legales previstos para proyectos de esta magnitud.
Los abogados también resaltaron la presunta autorización de desembolsos sin avances comprobados, un aspecto que pone en entredicho los mecanismos de supervisión y control de los encargados. Subrayan que, tratándose de la identificación y depuración de bienes fiscales, era obligatorio exigir soportes técnicos, verificaciones de campo, trazabilidad documental y actas de avance antes de avalar cualquier pago.
Otro elemento llamativo es que, aunque la empresa contratista se comprometió a entregar 250 títulos, no existe evidencia de que haya producido siquiera uno, pese a haber recibido el desembolso inicial. Para los interesados en el tema, este punto será determinante en el análisis de los organismos de control, que ya preparan requerimientos para obtener las justificaciones técnicas, jurídicas y presupuestales de cada actuación.
De acuerdo con el proceso publicado en el SECOP II bajo el número AI-CD-PSJ-1376-2025, la autorización del contrato y sus pagos estuvo en manos de la Secretaría Administrativa, liderada por Norma Margarita Cifuentes Zarta, y de la Dirección de Recursos Físicos, dirigida por Sandra Milena Londoño Rodríguez. Hasta ahora, ninguna de las dos funcionarias ha entregado explicaciones públicas sobre el manejo del contrato, la modalidad utilizada, los desembolsos avalados, la suspensión decretada ni la ausencia total de resultados.
Los expertos coinciden en que la documentación contractual revela presuntas irregularidades que deberán ser esclarecidas por la Fiscalía y la Procuraduría, entidades que tendrán la última palabra sobre la legalidad de un proceso que hoy tiene en el ojo del huracán a la administración municipal.
