Abogado denuncia graves irregularidades en avalúos catastrales de Ibagué y pide frenar el cobro del predial
En materia tributaria, el abogado cuestiona el incremento de los avalúos, que califica como “desproporcionado”.
A través de un video, el abogado Wilson Leal Echeverry hizo pública una carta abierta dirigida a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda Rivera, en la que advierte presuntas irregularidades en el proceso de actualización catastral y solicita la suspensión del cobro del impuesto predial liquidado con base en dichos avalúos.
El jurista sostiene, que la ciudad enfrenta problemas de seguridad jurídica derivados según afirma, de fallas procedimentales, inconsistencias técnicas y decisiones administrativas que afectarían a los contribuyentes.
Uno de los principales cuestionamientos se centra en los decretos 0766 y 0777 de diciembre de 2025, mediante los cuales la administración municipal declaró la clausura del proceso de actualización catastral. De acuerdo con el jurista, estos actos no fueron publicados en su integridad, ya que, asegura, se omitieron anexos técnicos como las zonas homogéneas y la relación de avalúos.
El abogado cita el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), donde los actos de carácter general no son obligatorios mientras no hayan sido publicados completamente. Bajo ese argumento, considera que los avalúos carecerían de eficacia jurídica.
Además, expresa que el cierre del proceso al 30 de diciembre de 2025 no se habría cumplido en la práctica. Leal sostiene, que el 16 de enero de 2026 evidenció que el operador catastral continuaba realizando ajustes, cálculos y entrega de productos, lo que, a su juicio, pone en duda la finalización oficial del proceso.
El profesional también muestra su preocupación sobre modificaciones posteriores en la base de datos catastral y menciona la existencia de errores, como la inclusión de áreas comunes dentro de unidades privadas en propiedades horizontales, lo que genera incertidumbre sobre la precisión de la información.
En materia tributaria, el abogado cuestiona el incremento de los avalúos, que califica como “desproporcionado”. Explica que algunos predios estarían siendo valorados con criterios de desarrollo urbano, pero al momento de la liquidación del impuesto son clasificados como rurales por no contar con construcción, lo que conlleva a la aplicación de tarifas más altas.
Otro de los puntos objeto de debate, es la información suministrada a los contribuyentes. Leal indica que en los sitios de atención establecidos por la administración, no se estaría orientando adecuadamente sobre el recurso de reconsideración, mecanismo que permite controvertir el avalúo y el cobro del impuesto. Asimismo manifiesta que no se estaría facilitando el acceso a la información técnica necesaria para sustentar posibles reclamaciones.
El abogado respalda sus argumentos en jurisprudencia del Consejo de Estado, indicando que si los avalúos no fueron debidamente publicados ni ejecutados antes del 31 de diciembre, su aplicación fiscal debería trasladarse al año siguiente. En este caso, asegura que la vigencia correspondería a 2027.
Con base en lo anterior, en la carta solicita a la administración municipal suspender el cobro del impuesto predial liquidado con estos avalúos, realizar la refacturación tomando como base los valores de 2024 con el ajuste correspondiente del IGAC, y publicar de manera completa los anexos técnicos del proceso, además de garantizar el acceso a la información para los contribuyentes.
