Se le quema el Tolima a Matiz
La percepción entre sectores de la población es que la mandataria departamental ha priorizado su agenda mediática y la proyección de su futuro político por encima de la atención a la emergencia.
Por la negligencia del gobierno de Adriana Magali Matiz, el Tolima enfrenta uno de sus peores momentos en materia de incendios forestales.
En lo corrido de agosto, 36 conflagraciones mantienen en jaque al departamento, mientras la reacción de la administración departamental ha sido tardía frente a una emergencia que crece y que amenaza a comunidades, fincas y zonas rurales. Decenas de conflagraciones consumen hectáreas de cobertura vegetal, amenazan con alcanzar caseríos y ponen en riesgo la vida y el patrimonio de las familias campesinas.
Frente a este panorama, la respuesta de la gobernadora Adriana Magali Matiz ha sido calificada por comunidades y sectores sociales como tardía, indolente y desconectada de la crisis ambiental que enfrenta el territorio.
La percepción entre sectores de la población es que la mandataria departamental ha priorizado su agenda mediática y la proyección de su futuro político por encima de la atención a la emergencia. Reuniones con dirigentes de diferentes colectividades, asistencia a eventos y una activa exposición pública hacen parte de una agenda que, para sus críticos, contrasta con la situación que viven comunidades rurales mientras el fuego avanza.
El malestar se concentra especialmente entre los habitantes de las zonas afectadas, quienes conviven con el temor de perder sus viviendas, fincas y medios de subsistencia. En medio de esta situación, reclaman una presencia más activa de la Gobernación y un liderazgo contundente en la atención de las emergencias.
La inconformidad aumenta cuando se contrasta la magnitud de los incendios con los recursos que el departamento ha recibido precisamente para fortalecer su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.
El 31 de mayo de 2024, el entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, visitó Ibagué y sostuvo una reunión con la gobernadora Adriana Magali Matiz y varios alcaldes del departamento. Durante esa visita se anunció una asignación inicial de $10.000 millones para maquinaria amarilla, como parte de los compromisos para atender las necesidades del departamento.
El anuncio posteriormente se convirtió en una entrega efectiva.
El 6 de noviembre de 2025, Carrillo regresó a la capital del departamento para formalizar la entrega de un nuevo lote de maquinaria amarilla, en cumplimiento de los compromisos de cofinanciación por $10.000 millones.
Es precisamente este antecedente el que hoy genera mayor indignación. Si durante la administración de Matiz el departamento gestionó y recibió recursos y maquinaria para fortalecer su capacidad de respuesta frente a las emergencias, resulta difícil entender que, ante 26 incendios forestales activos, las comunidades sigan cuestionando la capacidad operativa y la oportunidad de la respuesta de la Gobernación.
Este panorama cobra especial relevancia en municipios como San Luis y Ortega, donde las conflagraciones han generado preocupación y han obligado a las comunidades a redoblar esfuerzos para contener el avance de las llamas.
No se trata de atribuirle a la gobernadora el origen de cada incendio. El cuestionamiento está en la capacidad institucional para prevenir, atender y responder oportunamente frente a una emergencia que ya tiene una dimensión considerable.
El Tolima no resiste más discursos institucionales de coyuntura mientras el fuego continúa avanzando sin tregua. Las comunidades necesitan respuestas, presencia institucional y capacidad de reacción. Y la Gobernación del Tolima tendrá que explicar por qué, pese a los recursos gestionados para fortalecer la atención de emergencias, el departamento vuelve a estar contra las llamas.
