Aranda pide al Gobierno devolverle la administración de la USI

Por: Edgar Antonio Valderrama Zabala

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El personal consumía más del 70 % del presupuesto. “La bolsa de empleo politiquera más grande de Ibagué”. Entre planta permanente, temporal y contratos de prestación de servicios, ocupaba más de 1.300 personas.

Una de las solicitudes que hizo la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, durante la reunión sostenida con el presidente Abelardo de la Espriella, en el CENOP de San Luis, fue el retorno de la administración de la Unidad de Salud de Ibagué (USI) al Municipio, luego de la intervención realizada por el Ministerio de Salud desde diciembre de 2025.

La mandataria insiste en que la Administración debe volver a estar al frente de la entidad y de sus recursos, sobre todo ahora que se avecina un nuevo debate electoral, señalando que la situación financiera de la USI estaba relacionada principalmente con las deudas acumuladas por las EPS, que, con corte a 2025, superaban los $30.000 millones, y no con la gestión realizada por la dirección de la entidad, expresando que la intervención dificulta la atención de las quejas y necesidades de los usuarios relacionadas con la prestación de los servicios de salud, entre ellas la falta de citas y medicamentos, así como el deterioro de algunos puestos de salud. En ese sentido, la alcaldesa notificó que durante el encuentro se acordó revisar, junto con el Ministerio de Salud y Protección Social, la situación actual de la USI y la posibilidad de que esta pueda retornar a la Administración Municipal.

Este tema quedó sobre la mesa durante la reunión entre la alcaldesa y el presidente. Sin embargo, no fue complementado con la información real de por qué concejales, ciudadanos y los propios funcionarios de la USI en Ibagué exigieron la intervención por pérdidas que superaban, en ese momento, los $7.000 millones. La crisis financiera que afrontaba la entidad, el mal servicio en los puestos de atención y la contratación de personal para pagar favores politiqueros llevaron a que el concejal Jorge Bolívar, en un debate de control político al entonces gerente de la USI, Jorge Cabrera, nombrado por ella, sostuviera que la entidad afrontaba una crisis tan grave que resultaba inminente su quiebra, por lo que solicitó la intervención de la Superintendencia de Salud. El desastre de la USI comenzó en el gobierno de Andrés Hurtado, en el que Aranda era su secretaria de Salud, y las finanzas de la entidad se han mantenido en saldos rojos durante el gobierno de la hoy alcaldesa Johana Aranda.

La USI reportó pérdidas. Aunque Hurtado la recibió saneada, con utilidades cercanas a los $3.000 millones en 2019, la entidad “se fue a pique”. Los números probaron que, contrario a las ganancias que dejó su antecesor Jaramillo, las cuales Hurtado solo pudo sostener en 2020 por valor de $469 millones, las finanzas se desplomaron. En 2021 hubo pérdidas por $1.189.796.240; en 2022, por $3.321.945.869; y en 2023, por $1.411.501.793. Lo mismo siguió en la administración de Aranda que, en su primer año, 2024, tuvo pérdidas por $1.851.643.269. “En la administración de Jaramillo la USI dio utilidad. Los puestos de salud estaban abiertos en zona urbana, había personal en la zona rural haciendo visitas, había quirófanos. Pero con este gobierno y el anterior, las pérdidas acumuladas fueron de $7.774.887.171”.

El personal contratado por órdenes de prestación de servicios consumía más del 70 % del presupuesto de la USI. “Era la bolsa de empleo más grande de Ibagué. Entre planta permanente, planta temporal y contratos de prestación de servicios, tenía más de 1.300 personas. Lo que no tiene ni un hospital de cuarto nivel. La plata entraba, pero se gastaba en personal para pagar favores políticos y muchos ni siquiera prestaban sus servicios en la USI”. Las cifras indican que, de los más de $70.000 millones que tuvo la USI como presupuesto en 2024, $59.727 millones los gastaron en personal, mientras la entidad atravesaba una crisis en la calidad de los servicios que presta en sus puestos de salud rurales y urbanos. De los 19 puestos de salud urbanos, solo ocho estaban abiertos, algunos de manera temporal o parcial. Entre los 11 puestos cerrados figuraban los de los barrios Gaitán, Kennedy, Jordán II etapa, Uribe Uribe y Arado. Y, como si fuera poco: “No daban los medicamentos al personal para entregarles a sus pacientes. Muchos tenían que comprarlos para que se los aplicaran en los puestos de salud”. La USI carece de laboratorios, equipos de rayos X, ambulancias y quirófanos. “Tienen una sola ambulancia por turno para una ciudad de más de 600.000 habitantes y dos quirófanos, pero no funcionan”.

Actualmente, la USI permanece bajo intervención del Ministerio de Salud. La entidad es gestionada desde Bogotá por el superintendente Juan David Duque, mientras que en Ibagué la gerente interventora es Edilma Hurtado, designada por el Ministerio de Salud desde diciembre de 2025. La Alcaldía de Ibagué designó a Jorge Armando Cabrera Gutiérrez como funcionario responsable de la USI. Sin embargo, las competencias relacionadas con el manejo integral de la entidad continúan bajo el control de la intervención.

Se acordó, sí, gestionar recursos del fondo destinado al sector salud, en el marco de la declaratoria de desastre en el Tolima, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones de salud frente a la emergencia, pero ¿qué se puede esperar si ni siquiera se gestionó la cesión de un lote para el Hospital Materno Infantil, perdiéndose, muy seguramente, $63.000 millones asignados por la Nación, simplemente por aversión al gobierno Petro y temores electorales?