Investigan millonario contrato en la Alcaldía de Alpujarra cuyo expediente no aparece
La actuación del órgano de control disciplinario se desencadenó luego que la Personería Municipal, realizara una visita de inspección especial.
Conlaverdad.com conoció en exclusiva, que en graves aprietos se encuentra el alcalde Barretista David Tovar, mandatario de Alpujarra, tras la decisión de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Neiva de abrir una indagación previa por presuntas irregularidades en la tramitación y adjudicación de un millonario contrato por valor de $17.783.096.044,93.
Este medio logró establecer que el proceso corresponde a la Licitación Pública LP-001-2026, cuyo objeto es la implementación de estrategias de recuperación y restauración participativa para la adaptación al cambio climático y la resiliencia ecosistémica en municipios con cobertura boscosa menor al 10 %, abarcando las jurisdicciones de Alpujarra y El Espinal.
La actuación del órgano de control disciplinario se desencadenó luego que la Personería Municipal, realizara una visita de inspección especial a las instalaciones de la Alcaldía el pasado 24 de julio de 2026.
Según consta en el oficio PMA No. 052 remitido por la Personera a la Procuraduría, durante la diligencia no fue posible ubicar el expediente físico de la contratación en la sede de la administración municipal. En su lugar, las autoridades locales procedieron a recolectar únicamente los documentos dispersos disponibles y a elaborar un acta de la visita firmada por la Secretaría General y de Gobierno y por el Director Operativo de la UMATA.
Ante el hallazgo y el reporte de la Personería, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Neiva profirió el auto del 3 de septiembre de 2026, registrado bajo los números de radicación IUS-E-2026-415903 e IUC-D-2026-448028, mediante el cual formalizó la apertura de la indagación previa contra funcionarios por determinar de la Alcaldía de Alpujarra.
El propósito central del Ministerio Público es verificar los hechos denunciados y evaluar la eventual violación de los principios de publicidad, transparencia, economía y selección objetiva que rigen la contratación estatal.
Dentro de las actuaciones ordenadas por el despacho se incluyó la práctica de pruebas, el recaudo formal de la documentación relacionada con las etapas del proceso contractual, la identificación de los integrantes del comité evaluador y la individualización de los servidores públicos que intervinieron de manera directa en el trámite.
