Pelea de socios en Espumas revela presuntos malos manejos en empresa de servicios públicos de Mariquita

Guerra entre los dueños de Espuma S.A. dejó al descubierto millonaria deuda ambiental que no ha querido cancelar la empresa de servicios públicos de Mariquita, municipio ubicado al norte del Tolima. Pero también desnudó otros malos manejos que podrían terminar en una posible intervención.

Edgar Castro Alarcón, quien hasta hace unos meses se desempeñó como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Mariquita, más conocida como Espuma S.A. E.S.P., desnudó un tremendo escándalo en la ciudad frutera de Colombia, luego de terminar enfrentado con los principales accionistas de la compañía, por lo que fue separado del cargo.

Tras su salida, Castro radicó el 24 de agosto de 2026 un derecho de petición ante la Alcaldía dirigida por Martha Lucía Amaya Díaz y el Concejo Municipal, en donde hizo una serie de denuncias que comprometen seriamente el manejo administrativo, financiero y operativo de la empresa que opera los servicios públicos en esa localidad.

El detonante para que el exgerente de Espuma S.A. E.S.P. revelara los secretos más oscuros de la empresa de servicios públicos de Mariquita se originó el pasado 14 de agosto, cuando intentó ingresar a la sede administrativa y encontró que las guardas de las puertas habían sido cambiadas.

Después de su salida de la gerencia, asumió el cargo Hernán Charry, sobrino del mayor accionista de la empresa, Germán Charry Alcalá. En la estructura accionaria también figuraba Armando Gutiérrez Castro, hijo del exalcalde de Ibagué, ya fallecido, Armando Gutiérrez Quintero.

Castro Alarcón, quien al parecer era titular de cerca del 5% de las acciones, frente al 30% que pertenecía al Municipio de Mariquita, en el documento expuso las situaciones que, según afirmó, venía advirtiendo durante su gestión.

Uno de los puntos más delicados tenía que ver con una deuda cercana a los $3.000 millones que, según el documento presentado por Castro, mantenía la empresa Urbes S.A.S. E.S.P. con Cortolima por concepto de tasa retributiva. La firma privada era la encargada de operar el sistema de acueducto en virtud del contrato de colaboración suscrito con Espuma S.A. E.S.P.

El quejoso advirtió que el incumplimiento de esa obligación podría terminar comprometiendo recursos del Municipio y sustentó su señalamiento en las disposiciones de la Ley 142 de 1994 relacionadas con las responsabilidades de las entidades territoriales en materia de servicios públicos.

A esta situación se sumó el funcionamiento del sistema de acueducto. Luego de las reiteradas suspensiones del servicio registradas en la población, Espuma S.A. contrató un estudio técnico para establecer las causas de los daños en las redes de aducción. El informe fue entregado a la Alcaldía y a Urbes S.A.S. y, de acuerdo con lo expuesto por Castro, identificó fallas que no habrían sido corregidas y que estarían afectando la continuidad del servicio para los usuarios.

La pelea entre Castro y los accionistas escaló ante la justicia arbitral. Antes de ser separado de la gerencia, el entonces directivo llevó a Urbes S.A.S. ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Ibagué, cuestionando el cumplimiento del contrato de colaboración y el manejo de los recursos correspondientes a los subsidios girados por el Municipio.

Según Castro, la actuación ante el Tribunal buscaba que se revisara la continuidad del contrato ante los incumplimientos que él atribuía a la empresa operadora, entre ellos el no pago de obligaciones pactadas y la falta de sustentación de las inversiones realizadas con recursos de subsidios.

En medio de ese proceso, Castro sostuvo que los socios mayoritarios convocaron una Asamblea Extraordinaria con la intención de modificar los estatutos de Espuma S.A. E.S.P. La denuncia planteó que esos cambios podían afectar la posición que mantenía frente a las decisiones de la compañía.

Otro de los puntos que quedó consignado en el derecho de petición tenía que ver con la Junta Directiva realizada el 14 de agosto. Castro sostuvo que la reunión virtual no contó con el quórum establecido en los estatutos y afirmó que, pese a haber solicitado las grabaciones de la sesión, estas no le habían sido entregadas.

El exgerente también expresó su preocupación por el contenido del acta que posteriormente fue radicada ante la Cámara de Comercio de Honda. En el documento presentado ante la Alcaldía, manifestó que existía el riesgo que el contenido del acta hubiera sido alterado para modificar su posición dentro de la empresa, una afirmación cuya veracidad deberá ser establecida por las autoridades competentes.

Ante este panorama, Castro solicitó suspender el giro de subsidios a Urbes S.A.S. mientras se revisaban las situaciones denunciadas y pidió la intervención de la Contraloría del Tolima para que adelantara una auditoría sobre los libros y el manejo de la empresa.

Derecho de petición presentado por Edgar Castro Alarcón ante la Alcaldía y el Concejo Municipal de Mariquita el 24 de agosto de 2026.