Contraloría rajó a Cortolima y al ITFIP por sus estados financieros

La Contraloría General de la República, encontró irregularidades e incorrecciones en los estados financieros de dos entidades públicas del Tolima, se trata de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, dirigida por Olga Lucia Alfonso y el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP), en cabeza de Mario Fernando Díaz Pava, que quedaron entre las 35 instituciones del país con opinión negativa sobre sus cuentas correspondientes a 2025.

En el caso de la autoridad ambiental, el organismo de control advirtió que se dejaron prescribir deudas por $1.299 millones, recursos que no se recuperaron por la falta de gestiones oportunas de cobro.

Los resultados hacen parte de la auditoría al Balance General de la Hacienda Pública de la vigencia 2025, presentada por la Contraloría ante la Comisión Legal de Cuentas, en la que se evaluó la información financiera consolidada del sector público colombiano.

Cortolima ocupó el séptimo lugar entre las entidades con opinión negativa, mientras que el ITFIP se ubicó en la posición 18. Ambas instituciones recibieron observaciones por sus estados financieros y por deficiencias en sus sistemas de control interno contable y financiero.

En el caso de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, la auditoría identificó incorrecciones financieras acumuladas por $8.379,19 millones. Al cierre del 31 de diciembre de 2025, la entidad reportó activos por $228.023,26 millones.

Uno de los hallazgos más delicados está relacionado con la pérdida de la oportunidad de recuperar recursos públicos. Según el informe, Cortolima permitió que prescribieran obligaciones que podían cobrarse mediante procesos de cobro coactivo, debido a que no adelantó oportunamente las actuaciones necesarias para hacer efectivas esas deudas.

La situación comprometió $1.299 millones que no pudieron recuperarse por esa vía y que, de acuerdo con las observaciones de la auditoría, podrían representar un detrimento de los recursos públicos. A esto se sumó la calificación deficiente del control interno contable y financiero, un aspecto que pone en evidencia debilidades en los mecanismos de seguimiento y verificación de la información de la corporación.

El panorama tampoco fue favorable para el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional. La institución registró incorrecciones financieras acumuladas por $9.696,34 millones, una cifra superior a la identificada en Cortolima, y terminó entre las entidades a las que la Contraloría emitió una opinión negativa sobre sus estados financieros.

Al finalizar 2025, el ITFIP reportó activos por $65.602,73 millones. Sin embargo, las observaciones del organismo de control también alcanzaron sus procedimientos internos de contabilidad y finanzas, calificados con deficiencias.

Aunque las dos entidades presentaron situaciones distintas en cuanto al monto de las incorrecciones identificadas, ambas quedaron dentro del grupo de instituciones cuya información financiera recibió una evaluación desfavorable por parte del ente fiscalizador.

Las observaciones no se limitaron a Cortolima y al ITFIP. Otras instituciones públicas del Tolima también registraron resultados que evidencian dificultades en la presentación o verificación de sus cuentas.

La Universidad del Tolima, el Instituto Departamental de Deportes del Tolima e Infibagué recibieron opiniones con salvedades sobre sus estados financieros. En los tres casos, la Contraloría también encontró deficiencias en el control interno contable y financiero.

Por su parte, la Unidad de Salud de Ibagué (USI), empresa social del Estado que se encuentra intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, recibió una opinión negativa sobre sus estados financieros, lo que la ubica entre las entidades del departamento con resultados desfavorables en la evaluación.

En la revisión de las cuentas del municipio de Ibagué también surgieron dificultades. La Contraloría Municipal se abstuvo de emitir una opinión porque no dispuso de información suficiente para verificar las cifras relacionadas con los bienes de uso público y las propiedades.

De acuerdo con el informe, la ausencia de un inventario físico, valorizado y conciliado de esos bienes impidió comprobar adecuadamente la información reportada. La falta de estos soportes dificulta establecer con certeza la correspondencia entre los registros contables y la realidad de los activos públicos.

En el sector hospitalario, el Hospital Regional del Líbano también recibió una opinión negativa sobre sus estados financieros, mientras que su control interno fue calificado con deficiencias.

La situación adquiere especial relevancia porque la institución se encuentra bajo intervención forzosa administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud desde 2023, tras identificarse 31 hallazgos relacionados con fallas administrativas, presupuestales y asistenciales.