“No me alce la voz, álcele la voz a la crisis del sur del Tolima”: senador Miguel Barreto a viceministra de Defensa

La minería ilegal y el deterioro del orden público encendieron el debate de control político que lideró el senador Miguel Ángel Barreto Castillo frente a las autoridades por la crisis que enfrenta el sur del Tolima.

Un total de 491,09 hectáreas afectadas en Ataco, Chaparral y Rioblanco, el aumento de los homicidios y las dudas sobre la recuperación de los ríos fueron algunos de los puntos expuestos por el senador tolimense Miguel Ángel Barreto Castillo durante el debate de control político en la Comisión Quinta del Senado.

Las cifras reportadas por Cortolima en sus resultados de 2026 señalan  que Ataco concentra 364,27 hectáreas afectadas; Chaparral, 106,94, y Rioblanco, 19,88. Dentro del consolidado se incluyen 137,54 hectáreas correspondientes a cauces. La corporación advirtió que debe verificarse la posible superposición de algunas áreas.

Durante el debate, Barreto Castillo llamó la atención sobre las afectaciones a los ríos Saldaña, Amoyá y Atá, fuentes hídricas fundamentales para las comunidades y la actividad agrícola. La intervención de sus cauces y la sedimentación representan riesgos para los ecosistemas y para los productores que dependen del agua para sus cultivos.

Una de las críticas más contundentes estuvo relacionada con la recuperación del río Atá. Según las respuestas entregadas por la Gobernación del Tolima y Cortolima en septiembre y octubre, no se había informado sobre un plan o cronograma específico para su recuperación. Por esta razón, el senador pidió actualizar la información y definir acciones con responsables, recursos y fechas de cumplimiento.

La preocupación también se extendió a la seguridad. Según la compilación mensual de la Policía Nacional, entre enero y septiembre de 2026 se registraron provisionalmente 27 homicidios en Ataco, frente a siete en el mismo periodo de 2025. En Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, los casos pasaron de 19 a 47 entre esos mismos periodos.

Aunque estas cifras no permiten atribuir todos los homicidios a la minería ilegal, Barreto Castillo expuso la necesidad de fortalecer la presencia institucional, proteger a la población civil y actuar contra las estructuras que financian y se lucran de las economías ilegales.

La Gobernación del Tolima reportó 178 operaciones y 136 capturas durante el periodo 2024-2026. Frente a estos resultados, el legislado planteó la necesidad de conocer cuántos frentes de explotación intervenidos permanecen inactivos, cuántos se han reactivado y qué medidas se han adoptado para evitar que continúe la extracción ilegal.

Otro de los puntos centrales fue la actuación de las autoridades ambientales. En el caso de Cortolima, la corporación reportó multas por $1.506 millones y un recaudo de apenas $46 millones, equivalente al 3,06 % del monto informado.

Barreto Castillo pidió aclarar cuánto de ese saldo corresponde a obligaciones en firme, vencidas y susceptibles de cobro, así como establecer qué acciones de restauración ambiental se han ejecutado y cuáles han sido verificadas.

El senador también criticó la falta de una presencia institucional suficiente y sostenida en las zonas afectadas. Insistió en que la responsabilidad de enfrentar esta problema no recae únicamente en las corporaciones ambientales, sino que requiere la actuación coordinada del Gobierno nacional, las autoridades departamentales y municipales, la Fuerza Pública y los organismos de investigación, cada uno dentro de sus competencias.

Entre las acciones planteadas están la protección de las comunidades, el control de la financiación, la maquinaria y los insumos utilizados en la extracción ilegal, la recuperación de los cauces, el seguimiento a la calidad del agua y la generación de alternativas productivas legales para la población.

Barreto Castillo pidió que las medidas tengan metas públicas, responsables, recursos asignados y seguimiento a los resultados.