Abogado de la Alcaldía pidió absolver a Andrés Hurtado en proceso por uso indebido del estadio Murillo Toro
Las actuaciones del jurista podrían ser objeto de revisión por parte de las autoridades competentes, tanto en materia disciplinaria como penal.
Tremenda sorpresa causó la postura asumida por el abogado Jaime Parra Cubides durante la audiencia de alegatos de conclusión realizada el pasado 11 de mayo dentro del proceso judicial contra el exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, y el exgerente del IMDRI, Alejandro Ortiz, investigados por el presunto peculado por uso del estadio Manuel Murillo Toro.
La diligencia judicial se desarrolló en medio del análisis de las pruebas relacionadas con la celebración del cumpleaños del hijo del exmandatario en el escenario deportivo de la ciudad. Sin embargo, uno de los hechos que más llamó la atención fue la intervención del representante de la Alcaldía de Ibagué, entidad reconocida como víctima dentro del proceso.
Durante su participación, Jaime Parra Cubides solicitó la absolución de Andrés Hurtado, postura que terminó coincidiendo con la estrategia planteada por la defensa del exalcalde y que generó cuestionamientos debido a que la Fiscalía y la Procuraduría sostienen que existen pruebas que evidenciarían un uso particular de un bien público.
Dentro del proceso fueron expuestos videos, fotografías y testimonios que, según los entes de control, demostrarían presuntas irregularidades en la utilización del estadio Manuel Murillo Toro para un evento privado.
La posición asumida por el abogado provocó reacciones al interior de la administración municipal de Johana Aranda. Fuentes consultadas señalaron que no habría existido una reunión previa ni una directriz concertada frente a la postura que sería presentada durante la audiencia.
Las mismas fuentes indicaron que, pese a que Parra Cubides actúa como contratista de la Alcaldía y cuenta con autonomía profesional dentro del proceso, su intervención generó inconformidad en algunos sectores del gobierno municipal.
Abogados consultados por esta redacción manifestaron que las actuaciones del jurista podrían ser objeto de revisión por parte de las autoridades competentes, tanto en materia disciplinaria como penal, debido a las decisiones adoptadas durante la diligencia judicial.
