Alcaldesa Aranda privatiza la Secretaría de Movilidad de Ibagué
Este contrato, que presuntamente privatiza parte de las funciones de la Secretaría, ha suscitado serios cuestionamientos sobre su legalidad y transparencia que alardea tener el gobierno ‘Ibagué Para Todos’.
Una delicada denuncia sobre al aparecer privatización de gran parte de las funciones de la Secretaría Movilidad de Ibagué, realizaron los mal llamados ‘tramitadores’, que prestan sus servicios en la entidad.
Los quejosos señalan que en la administración de Johana Aranda y del secretario Fabián Ricardo Rodríguez Lozano, se firmó el contrato 2074 del 14 de agosto de 2024 con la empresa Inversión Comercial y Servicios S.A.S., representada por Flor Arelis Fandiño Velasco.
Este contrato, que presuntamente privatiza parte de las funciones de la Secretaría, ha suscitado serios cuestionamientos sobre su legalidad y transparencia que alardea tener el gobierno ‘Ibagué Para Todos’.
El contrato que levanta sospechas
El contrato en cuestión permite a la empresa privada manejar las especies venales o mejor conocidas como licencias de conducción y la operación completa de la Secretaría de Movilidad bajo un esquema de prestación de servicios. Este movimiento, claramente en favor de una empresa que ya cuenta con otros contratos millonarios en este gobierno, plantea dudas sobre los intereses detrás de estas decisiones.
En abril y mayo de 2024, la misma empresa había recibido contratos por $84 millones y $980 millones, respectivamente. La acumulación de contratos de Inversión Comercial y Servicios S.A.S., genera sospechas sobre posibles manejos turbios y conflictos de interés.
La reincidencia de actores en el poder
Los denunciantes indican que lo más alarmante de todo esto, es que el contrato fue revisado y proyectado por dos funcionarios de que trabajan desde la Alcaldía del cuestionado Luis H., Rodríguez. Se trata de Luis Alejandro Giraldo Montoya y Emilia Paola Rodríguez Nieto, señalados de estar vinculados a prácticas de contratación presuntamente irregulares.
Luis Alejandro Giraldo Montoya, jefe de contratación, aceptó el contrato a pesar que su esposa tiene un contrato con la misma administración desde abril de 2024. Esta situación, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, podría configurarse como una inhabilidad sobreviniente, al existir un vínculo familiar que compromete la imparcialidad de las decisiones.
El juego de las privatizaciones: una historia repetida
La privatización de servicios no es una novedad en la Secretaría de Movilidad. En 2015, el manejo de las especies venales había sido entregado a una empresa privada sin beneficio económico alguno para el Municipio.
Fue solo en 2018 cuando la Alcaldía de Ibagué retomó estas funciones, generando un ingreso adicional de cerca de $1.000 millones anuales. Sin embargo, con la reciente firma del contrato 2074, parece que la historia se repite, ahora en favor de intereses particulares ligados a la actual administración.
¿Dónde están los entes de control?
Resulta incomprensible que, ante estas evidencias de posibles actos de corrupción, los órganos de control como la Fiscalía, la Contraloría Municipal, la Personería y el Consejo Municipal no hayan tomado cartas en el asunto. Estas entidades, que deberían velar por la transparencia y la legalidad de la administración pública, parecen estar ausentes o en silencio frente a un caso que claramente amerita una profunda investigación.
Marco legal: las inhabilidades para contratar
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública es claro respecto a las inhabilidades e incompatibilidades para contratar. Según el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, no pueden participar en licitaciones o celebrar contratos estatales aquellas personas que tengan vínculos de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos en niveles directivos.
Este es exactamente el caso de Luis Alejandro Giraldo Montoya y su esposa, lo que debería invalidar cualquier contrato firmado bajo estas condiciones.
