Alcaldía de Ibagué gastó millones en reparar maquinaria amarilla que aún sigue varada

Mal librado salió el secretario de Desarrollo Rural de Ibagué, Cristian Avila, tras el debate de control político en el Concejo Municipal el pasado martes 5 de noviembre. El cabildante Joseph González, encargado de citar a Ávila, expuso una serie de presuntas irregularidades en las fallas en la gestión de recursos y en la administración de la maquinaria amarilla, que debería estar al servicio de las comunidades rurales de la ciudad.

Uno de los temas más candentes abordados en el debate fue el estado de la maquinaria amarilla del municipio. Según denunció el cabildante, Ibagué cuenta actualmente con 25 equipos, entre maquinaria y volquetas, de los cuales cinco es decir aproximadamente el 20% están dañadas. El concejal expresó su preocupación por la alta inversión destinada a su mantenimiento en los últimos dos años y la ineficiencia en los resultados.

«En 2023 se firmó un contrato de mantenimiento por más de 470 millones de pesos. Este año, en 2024, se adjudicó otro contrato de 2.225 millones de pesos. Sumando ambos contratos, hablamos de más de 3.000 millones de pesos invertidos para mantener en condiciones óptimas la maquinaria, pero el resultado es desalentador: aún tenemos equipos fuera de servicio,» enfatizó González.

El concejal hizo hincapié en las consecuencias de esta situación, subrayando que las comunidades rurales se ven afectadas, especialmente en situaciones de emergencia. «Los campesinos necesitan la maquinaria en eventos de emergencia, pero cuando se busca apoyo, la maquinaria amarilla de la administración simplemente no aparece. No hay claridad sobre si van a reparar los equipos dañados o si se retirarán del servicio,» cuestionó.

Además de los problemas con la maquinaria, el concejal de la oposición, criticó la ejecución presupuestal de la Secretaría de Desarrollo Rural, afirmando que el gobierno de Johana Aranda ha fallado en la gestión de convenios solidarios y en el cumplimiento de compromisos financieros con el sector rural.

«De los 102 convenios solidarios establecidos, 49 de ellos aún no han recibido el tercer y último desembolso, a pesar que han pasado más de 18 meses desde su firma. La administración local debe 378 millones de pesos a los campesinos de Ibagué, una deuda que sigue creciendo y que impide el desarrollo de proyectos vitales para las comunidades rurales,» explicó el concejal.

González además señaló la falta de coherencia en las cifras reportadas por el secretaría de Desarrollo Rural, Cristina Avila, las cuales, según él, no coinciden con la realidad que han podido constatar los concejales. «Esta es la tercera vez que realizamos un debate sobre el tema, y seguimos recibiendo cifras que no se sostienen,» afirmó.

González también lanzó fuertes dardos los que denominó “caballitos de batalla” de la administración de Johana Aranda, refiriéndose a la gasificación y a los convenios solidarios promovidos en la campaña electoral, pero que ahora, tras las elecciones, han quedado en el olvido.

«Se ha vuelto costumbre que la administración utilice estos proyectos rurales como promesas en tiempos de campaña, pero luego, una vez pasado el período electoral, la realidad es otra. Los compromisos quedan a medio camino, y los recursos, embolatados,» expresó González, llamando a la Personería para que investigue las irregularidades y exija una rendición de cuentas a la Secretaría de Desarrollo Rural.