Alcaldía de Ibagué pierde la batalla contra los piques ilegales

Mientras Ibagué sigue siendo un circuito clandestino de velocidad, la Administración de Johana Aranda intenta apagar el incendio con operativos dispersos y discursos sobre cultura ciudadana. La realidad, sin embargo, no da tregua: los piques ilegales se imponen como un flagelo cotidiano en sectores como La Samaria, El Vergel y la Avenida Ambalá, ante la mirada impotente y a veces cómplice de las autoridades.

Giovanny Posada, director operativo de la Secretaría de Movilidad, intentó poner paños de agua tibia al problema reconociendo que la situación «es muy compleja» y atribuyéndola a una falta de cultura ciudadana. Bajo la consigna de ‘presencia en territorio’, el funcionario aseguró que cada semana se realizan operativos en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, los resultados a la vista son poco menos que anecdóticos: los piques siguen desbordando la capacidad de reacción institucional.

“Las vías públicas no son un lugar para hacerlo, además de que afectamos la movilidad y a los residentes del entorno”, dijo Posada. Y aunque se anuncian despliegues conjuntos con la Policía y agentes de tránsito, la respuesta sigue siendo insuficiente frente a una práctica que, además de ilegal, ahora arrastra el consumo de licor y sustancias psicoactivas, convirtiendo a las calles de la ciudad en escenarios de riesgo abierto.

Lo más preocupante es la naturalización de esta conducta. Según el funcionario, algunos de los infractores pretenden justificar sus carreras clandestinas reclamando ‘un espacio para practicarlo’, pero se niegan a asumir los compromisos logísticos que una eventual habilitación requeriría. La paradoja no podría ser más elocuente: quienes exigen legalización ni siquiera se muestran dispuestos a respetar las normas básicas de tránsito.

Los puntos de mayor riesgo ya están perfectamente identificados: la vía al Aeropuerto Perales, la calle 145, la Avenida Ambalá y El Vergel figuran como zonas rojas donde los motores rugen sin control y la ley apenas susurra. Cada operativo concluye en la inmovilización de motocicletas sin tecnomecánica ni documentos al día, y en la imposición de comparendos que, al final, no frenan el problema de fondo.

Sobre la posibilidad de habilitar un espacio regulado para este tipo de competencias, Posada dejó abierta la puerta, pero sin compromisos claros ni soluciones a corto plazo: «Es un tema que no se puede descartar, pero en el momentico no hay esa definición», admitió.

Mientras tanto, Ibagué sigue atrapada entre la inercia de la Administración y la arrogancia de quienes ven en sus calles un circuito de carreras sin ley ni respeto. La seguridad vial, la movilidad y la tranquilidad de los barrios afectados son, hasta ahora, los grandes derrotados de una batalla que el gobierno local parece no saber o no querer librar en serio.