Alcaldía perdió $70.000 millones en el proyecto Santa Cruz 2 al aceptar obras que valorizan al mismo privado
La ciudad dejó de recibir dinero en efectivo, mientras el proyecto que genera la obligación termina beneficiándose de las mismas obras con las que se paga.
Mal negocio. La Alcaldía de Ibagué decidió no recibir en efectivo los más de $70.000 millones correspondientes a la plusvalía del proyecto Santa Cruz 2 y, en su lugar, aceptó que el privado pague con obras de infraestructura que, a su vez, incrementan el valor del mismo desarrollo urbanístico.
El acuerdo, suscrito con la sociedad Inversiones Inmobiliarias Santa Cruz S.A.S., estableció que la obligación se cumplirá mediante la construcción de vías como la calle 103 que conectará la vía al aeropuerto Perales con la avenida Mirolindo, además de redes de acueducto, alcantarillado y otras intervenciones contempladas en el plan parcial.
Según lo expuesto por la Administración de Johana Aranda, el pago se ejecutará en un plazo de hasta siete años, lo que en la práctica significa que el municipio no contará con recursos líquidos inmediatos derivados de este concepto, pese a tratarse de una de las principales fuentes de financiación asociadas al crecimiento urbano.
El punto más crítico del acuerdo, está relacionado con que las mismas obras con las que el privado cumple su obligación son las que terminan valorizando el proyecto Santa Cruz 2. Es decir, no solo evita el desembolso en dinero, sino que fortalece el valor comercial de los terrenos involucrados.
Aunque la figura de pago en especie está permitida, su ejecución deja abiertos interrogantes sobre el control real de los costos, los tiempos y la calidad de las obras, aspectos que quedan bajo la supervisión de entidades como Planeación, Infraestructura y el IBAL.
La Alcaldía ha señalado que solo recibirá las obras cuando cumplan con todas las especificaciones técnicas. Sin embargo, el modelo traslada al privado la ejecución directa de infraestructura importante, mientras el municipio asume el riesgo de no contar con recursos inmediatos y depender del cumplimiento de lo pactado.
En este caso, la ciudad dejó de recibir dinero en efectivo, mientras el proyecto que genera la obligación termina beneficiándose de las mismas obras con las que se paga.
