Aranda comparecerá en audiencia ante el Tribunal como ciudadana y no como alcaldesa por anomalías que dieron con su elección en Ibagué
Se enreda el panorama judicial para la mandataria local.
Conlaverdad.com conoció en exclusiva. que para hoy martes 17 de septiembre a las 9 a.m., el Tribunal Administrativo del Tolima, llevará a cabo audiencia en el caso que podría poner en jaque la elección de la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda. Esta sesión, que promete estar de ‘alquilar balcón’, ser tensa e intensa, forma parte del proceso judicial que busca anular la elección de Aranda por cuenta que al parecer la entonces candidata incurrió en los delitos de fraude electoral, suplantación de votantes y compra de votos en los comicios pasados.
El demandante, Andrés Páez, junto a su abogado, ha presentado una batería de pruebas que podrían cambiar el rumbo de la política local. La audiencia girará en torno a la presentación de testimonios y videos que, según la acusación, demostrarían la ocurrencia de irregularidades el 29 de octubre de 2023, durante las elecciones locales.
Uno de los momentos más esperados será el interrogatorio a la propia Johana Aranda, quien deberá responder como ciudadana candidata y no como alcaldesa, una distinción que subraya la gravedad del caso y el intento de mantener la neutralidad institucional.
La demanda presentada por Páez no escatima en detalles: se busca que el Tribunal Administrativo del Tolima declare la nulidad del acto de elección de Aranda, contenido en el Formulario E-26 General del 14 de noviembre de 2023.
Entre las acusaciones más contundentes se encuentran la suplantación de votantes, con casos documentados de personas que acudieron a las urnas solo para descubrir que su voto ya había sido emitido por otra persona. Además, se señala la existencia de compra de votos y trashumancia electoral, prácticas que habrían distorsionado el resultado electoral y favorecido a la entonces candidata.
El panorama se oscurece aún más con las acusaciones de fraude electoral, que apuntan a la manipulación de documentos oficiales, la entrega de tarjetones marcados y el uso de un doble juego de tarjetas para favorecer a Aranda. Estas irregularidades, según la demanda, fueron ignoradas o resueltas de manera inadecuada por las autoridades competentes, lo que viola el debido proceso y atenta contra la legalidad del acto electoral.
Si las pruebas presentadas por Páez son suficientes para convencer al máximo tribunal, las consecuencias para Aranda podrían ser devastadoras, tanto en lo político como en lo personal.
Las denuncias de fraude, compra de votos y violaciones al debido proceso pintan un cuadro sombrío sobre la integridad de las elecciones en Ibagué. Con cada testimonio y cada video presentado, la tensión en el salón de audiencias del Tribunal Administrativo del Tolima irá en aumento, mientras los jueces evalúan si la elección de Johana Aranda fue producto de un proceso democrático legítimo o de un entramado de irregularidades.
