Aranda desató cacería contra mujeres cabeza de familia que venden tinto en el Parque Murillo Toro
Funcionarios de la Dirección de Espacio Público, respaldados por la Policía, han comenzado a desalojar a estas vendedoras, alegando que se debe cumplir una orden del Tribunal Administrativo del Tolima.
Una cacería de brujas ha emprendido la Alcaldia de Johana Aranda en contra los vendedores informales, especialmente mujeres cabeza de familia que durante años han subsistido en las inmediaciones del Parque Manuel Murillo Toro, lugar icónico de la ciudad.
Funcionarios de la Dirección de Espacio Público, respaldados por la Policía, han comenzado a desalojar a estas vendedoras, alegando que se debe cumplir una orden del Tribunal Administrativo del Tolima, que prohíbe la presencia de estas personas en dicha zona.
El desalojo ha sorprendido y preocupado a los vendedores, que no fueron mencionados ni incluidos en el proceso judicial, según lo expuesto por Rubén Darío Mellado, líder de los vendedores informales. «Este desalojo es injusto porque las personas que están siendo retiradas no están vinculadas al proceso. No es justo que se les obligue a abandonar su fuente de ingresos sin considerar sus años de trabajo en la zona«, expresó.
El problema no es nuevo. La recuperación del espacio público en Ibagué ha sido un tema pendiente desde hace décadas. Desde los años 2000, cuando la Procuraduría Provincial demandó al municipio por la ocupación informal del espacio público, se han venido tomando medidas, pero sin una verdadera solución para quienes viven del día a día. Según Mellado, muchas de las vendedoras que ahora son correteadas llevan trabajando en el lugar durante más de 10, 15 o hasta 20 años, y nunca se les otorgó la ‘confianza legítima’, un mecanismo que en el pasado reconocía a algunos vendedores como parte del proceso de formalización.
El líder de los vendedores recordó que entre 2004 y 2007, la administración municipal entregó estos permisos a varios informales, pero muchos quedaron fuera de ese reconocimiento. «En 2012 aparecieron otras ‘confianzas legítimas’, algunas incluso falsas, lo que está siendo investigado. Mientras tanto, las personas que realmente necesitaban esa protección se quedaron sin nada», añadió.
La situación es aún más alarmante en una ciudad como Ibagué, donde los índices de desempleo son elevados y la falta de oportunidades laborales ha empujado a más personas a la venta informal. «Ibagué se está convirtiendo en una ciudad donde la mayoría de los jóvenes emigran por la falta de trabajo. La venta informal es una salida para muchos, especialmente para las mujeres que son cabeza de familia», comentó.
El líder de los vendedores también expresó su preocupación por el enfoque de la administración municipal. A pesar de la necesidad de recuperar el espacio público, no se están tomando en cuenta las alternativas para reubicar a las personas afectadas. «No se puede simplemente desalojar a estas personas sin ofrecerles una solución viable. Nos estamos quedando con las manos vacías mientras que otros vendedores, tanto foráneos como locales, siguen invadiendo áreas como la carrera Tercera», afirmó Mellado.
Las autoridades deben encontrar un equilibrio entre la recuperación del espacio público y la protección de los derechos laborales de quienes dependen de esta actividad. El tiempo apremia, especialmente con las festividades navideñas cerca. La pregunta que queda es si la Alcaldía de Ibagué será capaz de gestionar una solución que permita a los vendedores trabajar en paz y armonía, sin ser víctimas de una injusta cacería de brujas.
