Consejo de Estado deja en firme el desalojo de la invasión Villa Resistencia en Ibagué
La decisión también ordena a la Alcaldía y a la Policía Metropolitana adelantar operativos periódicos en las etapas 2 y 3 del barrio Ciudadela Simón Bolívar.
La orden de desalojo contra el asentamiento Villa Resistencia quedó en firme. En decisión de segunda instancia, el Consejo de Estado confirmó el fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Tolima que dispone la recuperación del predio ocupado por más de 400 familias en la comuna Ocho de Ibagué.
La providencia respalda la protección de los derechos e intereses colectivos de la comunidad que habita en sectores aledaños y fija obligaciones concretas para la administración municipal.
De acuerdo con la sentencia, el Municipio de Ibagué deberá actualizar, en un plazo máximo de dos meses, el censo detallado y caracterizado de las personas asentadas en ‘Villa Resistencia’. Este proceso deberá ajustarse a los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-016 de 2021.
Cumplido ese trámite, el gobierno local, contará con un término no superior a seis meses para coordinar con la Policía Nacional el inicio y ejecución del desalojo, así como el cerramiento y la recuperación ambiental del terreno ocupado.
El fallo establece que, durante este procedimiento, se deberá suministrar a la población información completa y detallada sobre la oferta institucional vigente del Gobierno Nacional, con el fin de que puedan postularse a subsidios de vivienda.
La decisión también ordena a la Alcaldía y a la Policía Metropolitana adelantar operativos periódicos en las etapas 2 y 3 del barrio Ciudadela Simón Bolívar, orientados al desmantelamiento de estructuras vinculadas a actividades de microtráfico que, según lo expuesto en el proceso, operan en la zona.
Una vez se materialice el desalojo, el Municipio deberá coordinar de manera inmediata con la Policía Nacional la vigilancia permanente del sector conocido como Villa Resistencia. El objetivo es recuperar las condiciones de seguridad y evitar nuevas ocupaciones.
Finalmente, el fallo dispone la creación de un comité de verificación para supervisar el cumplimiento de la sentencia. Este estará integrado por el magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo del Tolima, quien lo presidirá; los accionantes; un representante de cada entidad accionada; y el delegado del Ministerio Público ante el Tribunal.
