Contraloría de Ibagué detectó 35 hallazgos en la Personería bajo el mando de Educardo Espinosa en 2025

35 hallazgos administrativos, 18 con presunta incidencia disciplinaria, 13 con presunta incidencia fiscal por $186.125.876 y uno con presunta incidencia penal dejó la auditoría practicada por la Contraloría de Ibagué a la Personería Municipal, correspondiente a la vigencia fiscal 2025, durante la administración del personero Educardo Espinoza Palacios. El informe de 167 páginas, estableció una opinión financiera negativa, luego de identificar incorrecciones materiales y generalizadas por $259.368.839 en la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo, equivalentes al 45,10 % de esa clase contable. La cuenta fiscal de la entidad, además, no feneció.

Entre los hallazgos más delicados aparecen bienes registrados en el inventario que no fueron encontrados durante la inspección física, un contrato de bienestar con un presunto alcance fiscal de $118.152.100, bonificaciones pagadas a funcionarios del nivel directivo pese a que el acuerdo colectivo analizado por la auditoría los excluía de ese beneficio, diferencias en honorarios de contratos de prestación de servicios, obligaciones incorporadas al cierre presupuestal sin suficiente soporte y deficiencias en la contratación y el control interno.

Bienes registrados que no aparecieron

Uno de los hallazgos se originó durante la toma física de inventarios realizada por los auditores. Varios elementos que figuraban en los registros de la Personería no fueron encontrados durante la verificación. Entre los bienes relacionados aparecen computadores y portátiles Lenovo, un disco duro externo, sistemas y software institucional y un ventilador reportado para baja. El valor inicialmente observado fue de $43.052.484.

Según el informe, durante la diligencia no se aportaron soportes suficientes que permitieran establecer qué ocurrió con esos elementos, mediante documentos de traslado, baja, mantenimiento, disposición final o cambio de ubicación debidamente registrados. La situación fue establecida como hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal.

$118 millones en el contrato de bienestar

Uno de los principales hallazgos corresponde al contrato PMI-CD-067-2025, relacionado con el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos de la Personería. La Contraloría determinó un presunto alcance fiscal de $118.152.100 y señaló deficiencias relacionadas con la planeación, modificación, supervisión, certificación y pago del contrato.

Durante la etapa de contradicción, la entidad logró acreditar $9.001.100 correspondientes a condecoraciones por años de servicio, camisas, gorras, chalecos institucionales, uniformes de servicios generales y bono escolar. Por esa razón, la cuantía inicialmente observada fue reducida.

Sin embargo, el informe señala que no se acreditaron de manera suficiente costos unitarios por componente, actas de entrega y recibido a satisfacción, certificaciones individualizadas de ejecución, informes de resultados ni indicadores que permitieran establecer el impacto de las actividades sobre el bienestar laboral. Tampoco se logró establecer plenamente la totalidad de bienes suministrados y servicios prestados, el número de funcionarios beneficiados ni la correspondencia entre los pagos realizados y lo efectivamente recibido.

$43,7 millones relacionados con el Festival Folclórico

Dentro de ese contrato aparece una actividad denominada “Festival Folclórico Colombiano No. 51 e Integración Cultural”, por $43.747.500. La auditoría encontró fotografías y descripciones generales relacionadas con una carroza institucional, comparsa, representante o reina institucional, vestuario, accesorios folclóricos y participación en desfiles y eventos públicos.

No obstante, el informe señala que no se acreditaron suficientemente las cantidades y calidades de los bienes y servicios, los beneficiarios, los proveedores, los costos ni los recibidos a satisfacción de los diferentes componentes. Además no quedó demostrada, según la auditoría, la totalidad de los elementos incluidos en esos $43.747.500 ni la conexidad suficiente entre las actividades contratadas y los objetivos propios del Plan Institucional de Bienestar.

La Contraloría señaló que, para financiar este tipo de actividades con recursos destinados al bienestar, debía existir una justificación técnica que demostrara su beneficio directo sobre la calidad de vida laboral, el clima organizacional o el desarrollo integral de los servidores. La entidad tuvo oportunidad de controvertir las observaciones, pero, según el informe, no aportó material probatorio adicional suficiente para acreditar integralmente los componentes cuestionados.

Los $43.747.500 quedaron incluidos dentro del presunto alcance fiscal definitivo del contrato. En total, el hallazgo quedó establecido por $118.152.100, con presunta incidencia fiscal y disciplinaria.

Bonificaciones por $11,7 millones: el hallazgo con presunta incidencia penal

El hallazgo de mayor alcance jurídico está relacionado con el reconocimiento y pago de una bonificación equivalente al 20 % del salario básico mensual a funcionarios del nivel directivo y a una exservidora. El Acta Final de Negociación Colectiva No. 05 del 25 de abril de 2024 establecía, según el informe, que “el nivel directivo no tendrá derecho a esta bonificación”.

Pese a ello, mediante las resoluciones 175, 176, 177, 179 y 185 de 2025 se reconocieron y pagaron bonificaciones por un total de $11.770.426. Los beneficiarios relacionados en el informe fueron Nancy Patricia Venegas Gualteros, con $2.173.895; Alfonso Luis Suárez Laurada, $2.121.098; Jair Alfonso Robayo Moreno, $2.121.098; Educardo Espinoza Palacios, $4.039.323, y María Cecilia Vargas Galvis, $1.315.012. El personero aparece así como uno de los beneficiarios y recibió el mayor valor individual: $4.039.323.

Según la auditoría, las cinco resoluciones no identificaron una norma legal o reglamentaria que habilitara el reconocimiento de la bonificación ni se acreditó una modificación posterior del acuerdo colectivo que hubiera eliminado la exclusión del nivel directivo.

La Personería sustentó posteriormente los pagos en argumentos relacionados con igualdad, favorabilidad, principio pro homine, bloque de constitucionalidad y una supuesta excepción de inconstitucionalidad. Sin embargo, el equipo auditor consideró que esos argumentos no sustituían las competencias constitucionales y legales requeridas para establecer factores salariales de los empleados públicos. La auditoría tampoco encontró un estudio jurídico previo, una motivación contemporánea u otro documento que demostrara que la supuesta excepción de inconstitucionalidad hubiera sido analizada y aplicada antes de ordenar los pagos. El hallazgo quedó con presunta incidencia fiscal por $11.770.426 y presunta incidencia disciplinaria.

Pero además fue el único hallazgo al que se le atribuyó presunta incidencia penal, por un posible delito de prevaricato por acción. La Contraloría señaló, entre otros aspectos, la existencia de actos administrativos expedidos por servidores públicos, la exclusión expresa del nivel directivo en el antecedente analizado, la falta de una norma habilitante suficiente en las resoluciones y la disposición efectiva de recursos públicos. La eventual responsabilidad penal, al igual que las responsabilidades fiscales y disciplinarias, deberá ser determinada por las autoridades competentes dentro de los procesos correspondientes.

Diferencias en honorarios de nueve contratos

La auditoría también revisó los honorarios pactados en contratos de prestación de servicios y encontró diferencias frente a parámetros económicos utilizados por la propia entidad.

Los contratos relacionados fueron PMI-CD-001-2025, por $900.000; PMI-CD-004-2025, por $2.400.000; PMI-CD-026-2025, por $4.000.000; PMI-CD-027-2025, por $900.000; PMI-CD-033-2025, por $4.200.000; PMI-CD-035-2025, por $3.000.000; PMI-CD-047-2025, por $800.000; PMI-CD-085-2025, por $500.000, y PMI-CD-086-2025, por $200.000.

La presunta irregularidad  no se centra simplemente en que existieran honorarios diferentes, sino en la falta de una justificación técnica suficiente para apartarse de los parámetros utilizados por la entidad. La auditoría señala que factores como experiencia, complejidad, responsabilidad o especialidad pueden justificar diferencias en los honorarios, siempre que estas queden debidamente sustentadas en los documentos contractuales.

Una obligación de $50 millones proveniente de 2024

Otro hallazgo se relaciona con las cuentas por pagar constituidas al cierre de 2025. La Personería registró $397.971.572 en cuentas por pagar al 31 de diciembre de ese año. Dentro de esas obligaciones apareció una por $50 millones a favor de Luis Alfredo Hurtado Barrera, hermano del exalcalde de la ciudad Andrés Fabián Hurtado, respaldada con Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal correspondientes a 2024.

Durante 2025 también se realizaron requerimientos relacionados con diez cuentas de cobro del contrato PMI-CD-026-2024, entre ellos documentos contractuales, acreditación de seguridad social y una certificación bancaria de una cuenta que no aparecía a nombre del contratista.

La auditoría identificó, además, una obligación por $52.500 a favor de Carlos Alberto Corrales Pulido, respaldada con documentos presupuestales de 2024, y otras obligaciones relacionadas con seguridad social de exservidores provenientes de vigencias anteriores. Las partidas identificadas representaban como mínimo $50.494.800 sobre las cuales no se detectó evidencia suficiente del estudio previo requerido para establecer su adecuado tratamiento presupuestal. Este hallazgo quedó con presunta incidencia disciplinaria y no fiscal.

Caja menor y viáticos

La caja menor también fue objeto de observaciones. La auditoría identificó su utilización para cubrir gastos que, de acuerdo con el análisis realizado, eran susceptibles de planeación y contratación mediante los procedimientos ordinarios. El hallazgo quedó con presunta incidencia disciplinaria.

En materia de viáticos y comisiones de servicio se encontraron igualmente debilidades en los procedimientos, seguimiento, legalización y evaluación de resultados, relacionadas con la necesidad de acreditar adecuadamente las actividades realizadas y los resultados obtenidos.

Vehículo oficial sin SOAT vigente

La auditoría también encontró que el vehículo oficial de placas OET-296 presentó un período sin SOAT vigente. La situación generó un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, debido a las obligaciones de control que recaen sobre la administración de los vehículos oficiales.

El informe cuestionó los controles relacionados con la documentación y aseguramiento del automotor.

99 contratos auditados

La Contraloría revisó 99 contratos, equivalentes al 100 % de la contratación realizada por la Personería durante 2025, por un valor superior a $2.284 millones. La evaluación arrojó una eficacia del 59,67 %, una economía del 54,51 % y una eficiencia de apenas 17,26 %.

El informe identificó debilidades en la planeación contractual, los estudios previos, la delimitación de objetos, la justificación de modalidades de selección, la acreditación de idoneidad, la supervisión y la comprobación material del cumplimiento. La gestión contractual fue calificada “con observaciones”.nTambién se detectaron situaciones relacionadas con la rendición extemporánea de información contractual en SIA Observa y la publicación tardía de documentos en SECOP II.

Información y control interno, con falencias

La auditoría encontró deficiencias en la calidad, consistencia, integridad y validación de la información rendida por la Personería. El Control Fiscal Interno fue calificado “con deficiencias”, con una valoración consolidada de 1,6850.

El resultado refleja que la entidad contaba con procedimientos y mecanismos de control, pero estos no fueron considerados suficientemente efectivos para prevenir o detectar oportunamente las situaciones encontradas durante la auditoría.

Una ejecución presupuestal del 100 %, pero sin fenecimiento de la cuenta

La Personería manejó durante 2025 un presupuesto definitivo de $5.724.189.000 y reportó una ejecución del 100 %. También registró un cumplimiento del 100 % de las metas físicas de su Plan de Acción.

Sin embargo, esos porcentajes de ejecución no fueron suficientes para obtener un resultado favorable en la evaluación integral.

La auditoría estableció:

• Estados financieros: opinión negativa.
• Presupuesto: razonable.
• Gestión y resultados: con observaciones.
• Control fiscal interno: con deficiencias
• Cuenta fiscal: no fenecida.

La evaluación consolidada registró 52,7 % de eficacia, 58,6 % de eficiencia y 54,5 % de economía.