Judicial

CTI desacató orden y no entregó peritaje en caso de doble militancia contra la alcaldesa de Ibagué

La supuesta renuncia es la pieza clave para despejar las acusaciones de doble militancia, un delito que podría anular su elección como alcaldesa.

Se empantana el proceso de nulidad electoral que cursa ante el Tribunal Administrativo del Tolima, por doble militancia en contra la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda Rivera.

Lo anterior, se dio por cuenta del  incumplimiento por parte del Grupo de Informática Forense del CTI de la Dirección Seccional de la Fiscalía de Ibagué, debido a que no entregaron el peritaje informático que ordenó el magistrado.

El pasado 23 de abril de 2024, durante una audiencia, el magistrado Luis Eduardo Collazos Olaya, a cargo del proceso de nulidad, ordenó un peritaje informático decisivo. El objetivo era determinar la veracidad de un correo electrónico clave que, según la defensa de Aranda, contenía su renuncia al Partido Conservador en 2022.

La supuesta renuncia es la pieza clave para despejar las acusaciones de doble militancia, un delito que podría anular su elección como alcaldesa.

La orden del magistrado y el silencio del CTI

El mandato del magistrado fue  claro: el Grupo de Informática Forense del CTI tenía un plazo improrrogable de 30 días para realizar un exhaustivo análisis forense al correo electrónico fechado el 28 de julio de 2022.

Este análisis debía confirmar si la hoy alcaldesa de la ciudad, había renunciado efectivamente al Partido Conservador antes de recibir el aval del Centro Democrático para las elecciones de 2023.

El plazo finalizó el 29 de julio de 2024. Sin embargo, el CTI, inexplicablemente, no cumplió con la orden judicial. Según consta en un documento oficial ingresado al despacho del Tribunal el 31 de julio de 2024, el responsable del Grupo de Informática Forense guardó un preocupante silencio, lo que ha encendido las alarmas en el entorno judicial y político.

Consecuencias legales y políticas inminentes

La inacción del CTI, ha llevado al magistrado Collazos a considerar la aplicación de medidas correccionales, amparado en el artículo 44 del Código General del Proceso y el artículo 59 de la Ley 270 de 1996. Esta falta de cumplimiento podría desencadenar sanciones para los funcionarios responsables del proceso.

El caso de nulidad electoral que cursa en contra de Johana Aranda, tiene implicaciones profundas. La demanda, interpuesta por el abogado José Baruth Tafur Gutiérrez, alega que la alcaldesa incurrió en doble militancia al no renunciar a tiempo al Partido Conservador antes de ser avalada por el Centro Democrático.

La veracidad del documento que acredita su renuncia en 2022 es el eje central de esta disputa.

La demora en la entrega del peritaje no solo afecta la defensa de Aranda, sino que también alimenta las especulaciones sobre posibles maniobras políticas.

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