Defraudación millonaria en Melgar: El escándalo de honorarios pagados y no prestados

Estalló monumental escándalo que sacude a una localidad en el oriente del Tolima. Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, ha anunciado la toma de medidas legales en un caso que ha estremecido a Melgar. Este escándalo implica a abogados, peritos y árbitros que, según las acusaciones, están involucrados en una presunta defraudación al Municipio de Melgar relacionada con el pago de honorarios profesionales que nunca se llevaron a cabo. La cifra total de este supuesto desfalco asciende a la asombrosa suma de $4.2 mil millones.

Este posible caso de corrupción ha tenido un impacto considerable en las finanzas del municipio, desencadenando embargos que alcanzan la escalofriante cifra de $4.8 mil millones, tal como lo ha dictaminado el Tribunal Administrativo del Tolima.

Las raíces de estas presuntas irregularidades se remontan a un contrato de honorarios profesionales firmado en 2004 por el entonces alcalde de Melgar Moisés Carreño, en beneficio del abogado Wilyan Jair Galarraga Guzmán. Este contrato tenía como objetivo la recuperación de bienes que, en realidad, nunca pertenecieron al municipio, sino a la entidad descentralizada Empumelgar y a la extinta Hydros Melgar S.C.A., E.S.P., una empresa de servicios domiciliarios.

Lo que resulta aún más llamativo es que el abogado Galarraga inició una acción popular que lo llevó a ser investigado disciplinariamente, ya que actuaba tanto como demandante como demandado del mismo municipio, lo que planteaba un evidente conflicto de intereses. Sin embargo, en un giro sorprendente, Galarraga busca ahora el cobro de más de $4.2 mil millones en honorarios por su supuesta representación legal en el caso.

En respuesta a la demanda del abogado Galarraga, el Municipio fue llevado a un proceso de arbitraje y el árbitro único designado, Juan Pablo García Peñalosa, perteneciente al Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Ibagué, emitió un fallo que condenó a la localidad a pagar una suma desorbitante de $2.6 mil millones. Esta cifra correspondía al 15% de la valoración de las redes de acueducto y alcantarillado, que, según se descubrió posteriormente, eran propiedad del municipio y no debían ser objeto de reclamación alguna. Este veredicto ha sido un punto crucial en el desarrollo del escándalo.

Resulta aún más sorprendente que el árbitro designara como perito a Ángel Augusto Zarta, quien había sido sancionado en 2010 con 10 años de suspensión y excluido de la lista de auxiliares de la justicia en 2011. Esto se debió a que carecía del título de contador requerido por la ley y no tenía una formación profesional relevante para el caso en cuestión. Es intrigante que posteriormente, los contadores públicos designados por el Tribunal Administrativo del Tolima reemplazaron a Zarta, dejando en entredicho la validez de su peritaje.

La Red de Veedurías de Colombia ha emitido un urgente llamado a la Fiscalía General y a otras autoridades pertinentes. Su objetivo es evitar lo que parece ser un abuso millonario contra el patrimonio público del municipio de Melgar y proteger tanto la ética pública como la ética profesional en este caso tan complejo. La situación sigue desarrollándose, y el impacto en la comunidad y la percepción pública de la justicia en Colombia es innegable.