Denuncian penalmente al alcalde de Carmen de Apicalá y a su hermano por presunta venta de lotes ilegales
Para mañana miércoles 14 de octubre está programada una audiencia, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Ibagué con Función de Control de Garantías.
Denuncian penalmente al alcalde de Carmen de Apicalá, Luis Ángel Gutiérrez Ortiz; a su hermano, Jorge Andrés Gutiérrez Ortiz, y a otras tres personas por el caso del proyecto inmobiliario Terraviva Reservado, en El Espinal. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación por LITIGIO INMOBILIARIO S.A.S., firma que representa a los compradores.
El caso involucra a más de 200 familias que reclaman la devolución de más de $5.000 millones entregados para adquirir lotes en el proyecto. Según el comunicado de la firma de abogados, la denuncia solicita investigar los presuntos delitos de estafa agravada, urbanización ilegal, captación masiva y habitual de dineros y concierto para delinquir. Además del alcalde y su hermano, los señalados son Juan José Suárez Ortiz, Yeison Andrés Quintero Medina y Ventura Torres Galvis.
Uno de los puntos centrales del caso es que, de acuerdo con una certificación expedida por la Alcaldía de El Espinal el 24 de junio de 2026, Terraviva Reservado no contaba con licencias de urbanización, parcelación ni construcción, tampoco con permiso de ventas y no se había radicado trámite para obtener esas autorizaciones.
La acusación expone que la comercialización de los lotes comenzó en enero de 2023, después que S&G Constructores S.A.S. habilitara un convenio de recaudo bancario a nombre de Terraviva Reservado. Posteriormente, en julio de ese año, los pagos empezaron a dirigirse a PRINVERS S.A.S., sociedad representada por Yeison Andrés Quintero Medina y Ventura Torres Galvis.
Según LITIGIO INMOBILIARIO, a los compradores no se les explicó el cambio de sociedad que recibía el dinero. Las familias continuaron pagando durante meses, pero no se formalizaron las compraventas mediante promesas firmadas y, ante los incumplimientos, comenzaron a solicitar la devolución de sus aportes.
El bufete de abogados sostiene que en enero de 2025 se suscribieron documentos de desistimiento en los que se reconocían las sumas pagadas y se prometía devolver los saldos en un plazo de diez días. Sin embargo, afirma que las devoluciones no se realizaron.
El caso tuvo un giro inesperado, cuando PRINVERS fue admitida, el 2 de marzo de 2026, en un proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades. De acuerdo con el proyecto de calificación y graduación de créditos citado por los abogados, más de 200 familias figuran como reclamantes por más de $5.000 millones.
En el mismo documento se proponen créditos superiores a $7.000 millones a favor de los propios denunciados, directamente o a través de sus empresas. Estos créditos todavía deben ser controvertidos y decididos dentro del proceso de reorganización.
Por esa razón, LITIGIO INMOBILIARIO anunció que solicitará revisar su origen y los soportes presentados, al considerar que su eventual reconocimiento podría afectar los recursos disponibles para responder a las reclamaciones de las familias.
Para mañana miércoles 14 de octubre está programada una audiencia, a las 8:30 de la mañana, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Ibagué con Función de Control de Garantías. En la diligencia se estudiará la solicitud de suspensión del poder dispositivo sobre el inmueble del proyecto, con el propósito de preservar su situación jurídica y patrimonial mientras avanzan las actuaciones.
La firma también anunció que pedirá medidas judiciales contra los cinco denunciados en las etapas correspondientes del proceso. La Fiscalía deberá establecer si los hechos denunciados constituyen delitos y determinar la eventual responsabilidad individual de los involucrados.
