Denuncian que una contratista decide quién trabaja y quién no en la Secretaría de Gobierno de Ibagué

Contratistas de la Secretaría de Gobierno denunciaron en exclusiva a Conlaverdad.com que una servidora pública, al parecer, se ha convertido en la “dueña, reina y ama” de la contratación dentro de esa dependencia, al punto de decidir quién es contratado y quién queda por fuera de la entidad.

Los quejosos, quienes solicitaron mantener en reserva su identidad por temor a posibles represalias, pidieron la intervención urgente de la alcaldesa Johana Aranda y expresan que esta situación se vendría presentando desde hace cerca de tres años, cuando inició la actual administración.

La denuncia, enviada directamente a la mandataria y conocida por este medio, señala como protagonista de los presuntos hechos a Luz Amparo Gómez, contratista de la Secretaría de Gobierno, quien, según los denunciantes, manda más que el propio secretario de Gobierno, Francisco Espín en los procesos de contratación, pese a no ocupar un cargo directivo en esta dependencia.

De acuerdo con el documento, Gómez permanece de forma permanente en el despacho de Espín, y tendría el control absoluto del “drive”, donde se administra la documentación relacionada con la contratación de las diferentes direcciones de esa Secretaría.

Los contratistas sostiene que, al parecer, el manejo de esa herramienta terminó convirtiéndose en el filtro para definir quién continúa vinculado y quién queda excluido de los procesos contractuales. Incluso, afirman que el propio secretario la considera “la luz de sus ojos”, razón por la cual, según ellos, respalda todas las decisiones que adopta frente a la contratación.

Los denunciantes sostienen que esta situación se ha mantenido durante toda la administración de Johana Aranda y señalan que ni siquiera contar con el respaldo político de concejales, diputados o personas cercanas al Gobierno municipal garantizaría la continuidad de los contratos.

En la comunicación conocida por este medio afirman que existen contratistas respaldados políticamente por los concejales William Santiago (Firmes por Ibagué), Aura Rocío Galeano (ADA), Deybi Buitrago (Centro Democrático),Jhon Javier Gómez (ASI), Víctor Ortiz(Partido Conservador), Arturo Castillo (Partido Conservador),César Franco (Cambio Radical) y Julián Serna (AICO). Asimismo, mencionan a los diputados Harol Urrea (Centro Democrático), Felipe “Pipe” Ferro(Centro Democrático) yYully Porras (Partido de la U).

La denuncia también indica que existen personas identificadas como cercanas al primer gestor social Juan Arturo Gutiérrez, e incluso a la propia mandataria. Sin embargo, los contratistas sostienen que, pese a esos respaldos, presuntamente la última palabra sobre la contratación la tendría Luz Amparo Gómez.

Uno de los apartes más delicados de la denuncia señala que, al parecer, únicamente serían priorizados los contratistas que hacen parte del círculo de confianza de Luz Amparo Gómez. Los denunciantes sostienen que las decisiones no obedecerían al desempeño laboral ni a criterios técnicos, sino, al parecer, a relaciones personales con la contratista.

En el documento relacionan nombres de funcionarios y contratistas de distintas direcciones que, según los quejosos, harían parte de ese grupo de personas favorecidas por Gómez. Entre los nombres mencionados aparecen Adriana Barriga, Erika Ricaurte, Rafael, Gabriel, Karol Lozano y Valentina Ospina.

Adriana Barriga, enlace de Justicia, es señalada de, presuntamente, priorizar únicamente a las personas de su preferencia; a Karol Lozano, enlace de Espacio Público, de quien dicen conocer una investigación relacionada, según ellos, con presuntos cobros a contratistas; a Jessica Soto, del CAPA, de quien expresan tendría investigaciones; y a Luisa Núñez, enlace de Participación Ciudadana, de quien manifiestan que únicamente seguiría las instrucciones impartidas por Jorge Sabogal.

Sobre Laura Bustos, enlace de Seguridad, los denunciantes expresan que no tienen reparos y la describen como una funcionaria neutral que, según ellos, respeta por igual a todos los contratistas.

Asimismo, sostienen que esta situación no sería reciente y que, al parecer, ya se presentaba durante la administración del entonces secretario Edward Amaya, cuando Luz Amparo Gómez también manejaba el “drive” de contratación.

En la denuncia también sale salpicado Jorge Sabogal, director de Participación Ciudadana. Los quejosos indican, que Sabogal tendría el control absoluto sobre esa dependencia y sería quien decide qué personas ingresan, permanecen o salen de la dirección, incluso cuando existiría disponibilidad presupuestal.

Los denunciantes dijeron que el funcionario manifiesta tener el respaldo total de la alcaldesa y, presuntamente, actúa como si fuera el secretario de Gobierno, al punto que, afirman, ni el propio jefe de la cartera tendría injerencia sobre sus decisiones. En el documento también se indica que Sabogal pertenecería al partido MIRA y que esa condición le habría permitido, al parecer, mantener una amplia autonomía dentro de la Secretaría.

Además de solicitar que Luz Amparo Gómez deje de manejar el “drive”, los contratistas piden a la mandataria revisar los enlaces de contratación de las diferentes direcciones de la Secretaría.

En la carta dirigida a la alcaldesa, los contratistas aseguran sentirse agotados por la situación y expresan que durante varios años han acudido a diferentes canales sin obtener respuestas.

Entre las peticiones formuladas a la mandataria se encuentran impedir que continúe la presunta burocracia dentro de la Secretaría de Gobierno, cambiar la persona encargada del manejo del “drive”, revisar los enlaces de contratación, evitar que quienes actualmente administran esos procesos prioricen sus propios contratos y garantizar que las futuras vinculaciones se realicen con criterios transparentes.