Descubre millonario detrimento fiscal en el SETP por contratación irregular durante el gobierno de Hurtado
Contratos sin respaldo, pagos injustificados y fallas en la ejecución del SETP dejaron al descubierto un nuevo escándalo que encendió las alarmas en la administración del exalcalde de Ibagué.
La Contraloría Municipal de Ibagué confirmó una serie de hallazgos administrativos con presunta incidencia fiscal, disciplinaria y penal en el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), tras una denuncia interpuesta por el concejal Jorge Bolívar el 13 de enero de 2025.
El informe final de la actuación especial de fiscalización reveló que durante la vigencia 2024, gobierno del exalcalde Andrés Fabián Hurtado, el SETP incrementó su contratación por prestación de servicios en más del 58% frente al año anterior, alcanzando los $2.636 millones. Este aumento estuvo marcado por múltiples irregularidades, entre ellas:
- Contratos suscritos sin afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).
- Debilidades en la justificación de honorarios y en la necesidad de los contratos.
- Incumplimientos en la ejecución de los objetos contractuales.
- Incongruencias entre la experiencia exigida y los perfiles contratados.
- Fallas en la publicación de los contratos en los sistemas SECOP I, SECOP II y SIA Observa.
Como resultado, se identificó un presunto detrimento patrimonial por $156.327.918, suma que fue trasladada a la Dirección de Responsabilidad Fiscal. A su vez, los hallazgos con presunta connotación penal y disciplinaria fueron remitidos a las autoridades competentes.
Un proyecto con apenas el 10% de avance físico
La Contraloría también alertó sobre el bajo nivel de ejecución del proyecto SETP. Según el informe, el avance físico alcanza apenas el 10% y presenta retrasos en un 60% de los ítems programados. Entre los aspectos críticos señalados se encuentran:
- Obras inconclusas en la Carrera 5ª y en la Avenida Jordán.
- Paraderos sin instalar.
- Ausencia del centro de control y del sistema de recaudo.
- Intervenciones suspendidas en el centro de la ciudad.
Estos incumplimientos alteran el cronograma establecido en el documento CONPES 4017 de 2020 y afectan directamente la prestación del servicio de transporte público en la capital tolimense.
El ente de control precisó que su competencia se limita al seguimiento de los recursos municipales ejecutados por el SETP. La vigilancia de los recursos de origen nacional corresponde a la Contraloría General de la República.
