El peritaje del CTI y las irregularidades que ponen en jaque a la alcaldesa de Ibagué
Las solicitudes, que se encuentran en los índices Nro. 112 y 113 del expediente digital SAMAI, deben ser resueltas en un término improrrogable de 15 días.
Un nuevo capítulo se abrió en el proceso de nulidad de la elección de la alcaldesa de Ibagué Johana Aranda por incurrir en doble militancia.
Conlaverdad.conoció en exclusiva, que fue elevado nuevo memorando al magistrado Luis Eduardo Collazos, encargado del caso, quien, al detectar las falencias del informe, emitió un auto el 10 de septiembre de 2024. En este documento, el magistrado ordenó al Grupo de Informática Forense del CTI de la Fiscalía de Ibagué que respondiera a las solicitudes de aclaración y complementación presentadas por el abogado demandante José Baruth Tafur.
Es que el 13 de agosto de 2024, el Grupo de Informática Forense del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó un peritaje clave que destapó serias inconsistencias en el caso que involucra a la actual alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda. Un pantallazo de la bandeja de salida del correo electrónico de la entonces candidata, mostró un mensaje enviado al Partido Conservador, pero al revisar el peritaje correspondiente a la bandeja de entrada de la colectividad azul, se evidenció que dicho correo no se había anexado. Esta omisión generó dudas sobre la transparencia y la veracidad del peritaje.
El magistrado también decretó una nueva prueba pericial mediante audiencia inicial, que tuvo como propósito que el Grupo de Informática Forense del CTI analizara un correo electrónico impreso en un documento fechado el 28 de julio de 2022, donde supuestamente se envió la renuncia de Aranda Rivera al Partido Conservador Colombiano.
Este análisis, que debía ser completado en un plazo de 30 días, era fundamental para aclarar las dudas generadas por las omisiones iniciales.
Sin embargo, el 31 de julio de 2024, el magistrado dejó constancia que el plazo otorgado para la entrega de esta prueba había vencido el 29 de julio de 2024. El CTI, sorprendentemente, no entregó el informe requerido, guardando silencio ante el mandato judicial. Este silencio no solo generó sospechas, sino que también puso en entredicho la integridad del proceso.
El hecho que el Grupo de Informática Forense del CTI no hubiese respondido dentro de los términos establecidos y que omisiones tan graves como la ausencia de un correo en el peritaje pudieron pasar desapercibidos, dejó en evidencia las presuntas irregularidades que rodean el caso.
La situación se agrava aún más con la reciente manifestación del magistrado, que en su auto del 10 de septiembre de 2024, exige una respuesta clara y rápida por parte del CTI. Esta orden, aunque contundente, evidenció un proceso manchado por la falta de rigor y posible manipulación de pruebas, lo que pone en jaque no solo la credibilidad de las instituciones de justicia, sino también la estabilidad política de la Alcaldía de Ibagué.
Cualquier intento de dilación o incumplimiento en el plazo de los quince días fijados para responder a las aclaraciones y complementaciones solicitadas, solo servirá para alimentar más las suspicacias y generar una crisis institucional de grandes proporciones.
Mientras tanto, la alcaldesa de la ciudad Johana Aranda, quien ya enfrenta críticas por su gestión, podría ver su posición más comprometida si las irregularidades no son aclaradas de manera satisfactoria.
