El puente ‘hurtado’ de la 60, un elefante blanco de más de 13 mil millones de pesos en Ibagué
El cabildante conservador prendió las alarmas ante un posible detrimento patrimonial de más de 11 mil millones de pesos.
Una sesión de control político que dejó al descubierto nuevas irregularidades en la gestión del gobierno del exalcalde Andrés Fabian Hurtado, el debate en el Concejo de Ibagué reveló preocupantes detalles sobre la construcción del tan cacareado puente de la calle 60 con Carrera Quinta. Jorge Bolivia, cabildante citante al debate, denunció una serie de hechos que plantean dudas sobre el destino de más de 13 mil millones de pesos invertidos en esta obra.
La ausencia de la Secretaría de Infraestructura de Ibagué, quien se excusó de participar en el debate, y la repetición de esta situación en otros funcionarios del gabinete, levanta sospechas recurrentes en torno a la transparencia y rendición de cuentas en la administración de la alcaldesa Johana Aranda.
Según Bolivia, el avance de la obra del repartido vial, cuyo fin es desembotellar un poco la movilidad de la ciudad, está estancado, y a pesar de haberse girado anticipos por más de 13 mil millones de pesos, no se observa progreso significativo. El contratista no ha solicitado el permiso ante la Corporación Ambiental del Tolima, Cortolima, y la fecha límite del contrato, el 28 de febrero de 2024, se acerca sin que haya evidencia de avances reales en la construcción.
El cabildante conservador prendió las alarmas ante un posible detrimento patrimonial de más de 11 mil millones de pesos, ya que, a pesar de desembolsar el dinero del contrato de obra y 2 mil millones para la interventoría, la construcción del puente parece estar en un estado de parálisis. El entrevistado, cuestionó el afán de firmar el contrato en el 2023, cuando no se han obtenido los permisos necesarios para iniciar la obra por parte de la autoridad ambiental.
La respuesta de la administración de Johana Aranda, según el cabildante reveló que el contratista no ha presentado la solicitud de permiso a Cortolima, y las acciones legales para garantizar el cumplimiento del contrato no han sido efectivas. La fecha propuesta para solicitar el permiso, marzo de 2024, va más allá del término del contrato.
En este escenario, el puente «hurtado» de la calle 60 se ha convertido en un símbolo de la ineficiencia y opacidad en la administración de los recursos públicos, dejando a la ciudadanía con preguntas sin respuestas y sin la certeza de dónde están los 5 mil millones de pesos que ya se han girado.
