Entre fugas, inundaciones y abandono trabajan funcionarios de la rama judicial en Ibagué
La crisis que se vive en este lugar es una vergüenza para el sistema judicial.
En condiciones indignas y precarias trabajan los funcionarios de la rama judicial que atienden a los adolescentes infractores en el Tolima, en la sede del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Cespa), ubicada en el edificio del antiguo Movistar, en la calle 40 con carrera Quinta de Ibagué.
La crisis que se vive en este lugar es una vergüenza para el sistema judicial, que ha condenado a sus propios empleados a laborar entre filtraciones de agua, baños dañados, olores nauseabundos y ausencia del líquido vital, mientras se exige de ellos el cumplimiento de una labor crucial para la sociedad: la protección y administración de justicia para menores de edad.
La situación, fue denunciada por el presidente de Asonal Judicial seccional Tolima, Héctor Javier Valero. Según el quejoso, desde hace años, los trabajadores han tenido que soportar la negligencia del arrendador, Colombiana de Telecomunicaciones, y la indiferencia de la Dirección Seccional de Administración Judicial, en cabeza de Edwin Riaño, quienes se han limitado a hacer solicitudes que nunca se cumplen.
Mientras en el primer piso, donde funciona la Policía, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Procuraduría y el ICBF, las oficinas se inundan por las fugas de agua, en los pisos superiores los empleados deben sobrevivir sin agua para lavarse las manos o usar los baños. La dignidad laboral se ahoga entre la desidia de las instituciones y la codicia de la empresa privada.
A pesar de los constantes requerimientos a la administración del edificio y a la Dirección Seccional de Administración Judicial, la respuesta ha sido el silencio cómplice. La justicia que se imparte en favor de los adolescentes vulnerables del Tolima se cocina a fuego lento en un escenario de abandono, donde la salud y la integridad de los funcionarios poco parecen importar.
El colapso sanitario y ambiental que se vive en esta sede no solo atenta contra los derechos de los trabajadores, sino que deja en evidencia la falta de humanidad y responsabilidad con quienes sostienen a diario la balanza de la justicia en una de las ramas más sensibles del sistema.
La Dirección Seccional de Administración Judicial no solo ha fallado en garantizar condiciones dignas para sus empleados, sino que se ha convertido en cómplice de la negligencia de una multinacional que ignora sus obligaciones contractuales.
La justicia para los adolescentes en el Tolima se imparte desde la indignidad, entre charcos de agua sucia y el hedor del abandono estatal.
