Exigen a la alcaldesa electa liquidar contrato del repartidor vial de la Calle 60 en Ibagué
El proyecto, diseñado para mejorar la movilidad y el desarrollo urbano, se encuentra estancado mientras más de 2.600 millones de pesos han sido entregados a un contratista irresponsable.
Ayer viernes 24 de noviembre de 2023, se develó una posible tragedia urbana en el debate de control político que pone en el ojo del huracán la construcción y terminación del repartidor vial en la calle 60 con carrera Quinta de Ibagué. La decepción palpable entre concejales y ciudadanos fue evidente al confrontar el paupérrimo progreso de una obra que, según los datos, apenas alcanza un vergonzoso 6 % de ejecución.
Uno de los críticos más férreos, es el concejal Edwar Toro, quien reveló que desde tiempo atrás advirtió al alcalde Andrés Fabian Hurtado, sobre la inconveniencia temporal de este proyecto. A pesar de la aprobación de recursos hace más de dos años, las obras no se iniciaron a tiempo, ignorando las observaciones del Concejo y desoyendo las sugerencias de destinar esos fondos a necesidades viales más urgentes.
El proyecto, diseñado para mejorar la movilidad y el desarrollo urbano, se encuentra estancado mientras más de 2.600 millones de pesos han sido entregados a un contratista irresponsable. Toro, denunció la falta de respuesta y transparencia, destacando la preocupación sobre el futuro del puente en la calle 60 y la indiferencia del contratista hacia la ciudad y la administración municipal.
En medio de un año electoral, este desastre se vuelve aún más inexcusable. Los comerciantes, seriamente afectados, enfrentan pérdidas millonarias en una temporada navideña que debería ser de prosperidad. La falta de previsión y la entrega de fondos a un contratista sin escrúpulos son un golpe doble a la ciudadanía.
Las alarmas éticas y legales se encienden. ¿Cómo es posible que más de 2.600 millones de pesos hayan sido entregados sin resultados tangibles?
La alcaldesa entrante, Johana Aranda, se encuentra ante una herencia problemática. Deberá examinar minuciosamente la legalidad y viabilidad de este contrato para determinar el curso de acción que mejor sirva a la ciudad.
Los entes de control, desde la Contraloría hasta la Fiscalía y la Personería, deberán abordar este caso con seriedad y celeridad. La ciudadanía exige respuestas, no solo del contratista esquivo, sino también de las autoridades responsables de salvaguardar el buen uso de los recursos públicos.
Ibagué merece respuestas claras, acciones contundentes y una revisión exhaustiva de cómo se permitió que este proyecto se convirtiera en un símbolo de la desidia administrativa, o mejor en un ‘elefante blanco’
