Fijan nueva fecha de audiencia en el controvertido proceso de nulidad electoral contra la alcaldesa de Ibagué
Aranda, no asistió a la audiencia, pese a que se presencia era obligatoria.
Sin la presencia de la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, se llevó a cabo ayer martes 17 de septiembre una nueva etapa en el proceso judicial que podría determinar la nulidad de su elección como mandataria de la ciudad. Conlaverdad.com fue el único medio de comunicación presente en la sala del Tribunal Administrativo del Tolima, donde el magistrado Luis Eduardo Collazos Olaya continuó con la audiencia.
Durante la sesión, se presentaron testimonios que presuntamente evidenciaron compra de votos y suplantación. Durante la jornada, el abogado de la mandataria solicitó una nueva fecha para responder presencialmente al interrogatorio, el cual quedó programada para el 29 de octubre a las 9 a.m. A pesar del intento de su abogado de hacer el interrogatorio por escrito, el magistrado lo rechazó, obligando a Aranda a presentarse en persona.
En caso de no asistir, la alcaldesa podría ser declarada confesa respecto al cuestionario presentado en forma encriptada, cuyo contenido se revelará solo el día de la audiencia.
Resumen de la demanda de nulidad electoral
La demanda instaurada por Andrés Páez, busca que el Tribunal Administrativo del Tolima declare la nulidad del acto electoral que el 14 de noviembre de 2023 proclamó a Johana Aranda Rivera como alcaldesa de Ibagué para el período 2024-2027. Además, se cuestionan los actos intermedios relacionados con el proceso electoral, señalando múltiples irregularidades ocurridas el 29 de octubre de 2023 y en días posteriores.
Cargos de nulidad que afectan la legalidad del acto electoral incluyen:
- Suplantación de votantes: Se alega que personas no autorizadas votaron en lugar de ciudadanos registrados.
- Compra de votos y corrupción: Se acusa de manipulación y coerción para obtener votos para Aranda.
- Trashumancia electoral: Irregularidades en el registro de votantes, donde se inscribieron cédulas en lugares distintos a los de residencia.
- Fraude electoral: Documentos y tarjetones manipulados para favorecer a Aranda, incluyendo entrega de tarjetas ya marcadas.
- Violación del debido proceso: Quejas de irregularidades en la tramitación de solicitudes y decisiones de las comisiones electorales.
El caso subraya la gravedad de las acusaciones contra la administración de Aranda y las implicaciones que podrían tener en la validez de su elección como alcaldesa.
