Gerente del SETP trató de irresponsables a quiénes están convocando a paro de transportadores

Un sector de los transportadores de servicio público tipo buseta ha anunciado la posibilidad de un paro que iniciaría el próximo 31 de enero de 2025. Mientras los ciudadanos anticipan el caos, las autoridades parecen estar atrapadas en un círculo de promesas incumplidas y planes aún sin resultados tangibles.

Aquileo Medina, gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), intentó calmar las aguas en medio de un panorama que se vislumbra complicado. En una entrevista, Medina aseguró que se reunirá próximamente con empresas transportadoras y propietarios de vehículos para discutir dos puntos críticos: la implementación de tecnología y el recaudo, temas que han sido un foco de conflicto durante años.

“Es terrible convocar un paro cuando tenemos un estudio de demanda que inicia y termina en junio”, declaró el funcionario, haciendo alusión a un proyecto adjudicado que tiene por objeto diagnosticar la situación actual del transporte público en la ciudad. Sin embargo, para muchos transportadores, estas palabras suenan a un eco de discursos previos: soluciones aplazadas y problemas estructurales que continúan sin resolverse.

El tema de la sobreoferta sigue siendo el principal detonante del descontento. Según Medina, algunos vehículos han sido retirados de circulación, pero los propietarios aún no han recibido los recursos prometidos. “Quienes deben responder son las empresas, y en segundo lugar, la administración municipal. Sin embargo, esto no ha ocurrido”, reconoció.

Para agravar la situación, Medina advirtió sobre los efectos secundarios de un paro: “¿A quién perjudica un paro? A los propietarios de los vehículos, porque fortalecería el transporte ilegal”. Este argumento, aunque válido, parece ser una estrategia desesperada para disuadir a los transportadores, quienes ven cómo la informalidad crece sin que se tomen medidas efectivas para frenarla.

Uno de los puntos más críticos señalados por los transportadores es la falta de avance en la operación del recaudo. Pese a las promesas de la alcaldesa Johana Aranda de adjudicar este proceso mediante licitación, ha pasado más de un año sin que se concrete nada.

Este retraso no solo ha generado incertidumbre, sino que también alimenta las sospechas de desinterés o incapacidad por parte de la administración municipal.

Además, Medina mencionó que se están evaluando mecanismos como un fondo de calidad, el cual incluiría recursos provenientes de las tarifas y un posible capital semilla aportado por la alcaldesa. Sin embargo, estas promesas, que en el papel suenan alentadoras, contrastan con una realidad donde los avances son prácticamente inexistentes.

El gerente del SETP aseguró que la administración está dispuesta al diálogo, pero sus palabras parecen vacías frente a la percepción generalizada de inacción. “Todo lo que convenga para la ciudad de Ibagué, estamos dispuestos a dialogar”, afirmó, aunque los transportadores insisten en que la falta de soluciones concretas es lo que los ha llevado a tomar medidas extremas.