Gobernación ignora pagos de prima de diciembre a funcionarios de la Secretaría de Educación del Tolima

Más de nueve mil empleados del sector educativo en el Tolima enfrentan una situación crítica, así lo denunció el Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado Colombiano – Sunet Tolima.

El presidente de Sunet en el Tolima, José Asmed Ospina, reveló que el Gobierno Seccional no ha cumplido con el pago de la prima de diciembre, dejando al personal docente y administrativo en una situación financiera precaria en está temperada decembrina.

Ospina, destacó la falta de entrega de dotaciones, un proceso contractual de casi 2 mil millones de pesos sin adjudicar y la presunta negligencia administrativa por parte de la Secretaría de Educación departamental. El líder sindical no dudó en cuestionar la demora en la toma de decisiones, subrayando la disponibilidad de fondos desde el inicio del año.

José Asmed Ospina, expresó su rechazo a la supuesta negligencia administrativa y advirtió sobre una inminente masacre laboral relacionada con la lista de elegibles. Criticó además la falta de acciones afirmativas por parte de la Gobernación para garantizar los derechos laborales, calificando la situación como «bien lamentable».

La falta de actualización en el manual de funciones de la Secretaría de Educación también estuvo en el centro de las críticas, con acusaciones de procesos de contratación basados en información desactualizada. El entrevistado anunció  acciones legales contra el ente gubernamental, subrayando la importancia de un proceso transparente y justo que resguarde los derechos de los trabajadores.

En un llamado urgente, la comunidad educativa y sindicatos planean una serie de acciones para visibilizar y abordar estas problemáticas, instando a una intervención urgente para restablecer la estabilidad laboral en el sector educativo del departamento.

Ospina concluyó advirtiendo sobre la posibilidad de que este proceso se caiga, citando un precedente en el que un decreto expedido en 2017 por la Gobernación de Santander fue revocado el año pasado en el Consejo de Estado por no seguir el debido proceso administrativo.