Gobernadora Matiz entregará el Hotel Ambalá a una APP sin explicar qué ganará el Tolima con el negocio

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, confirmó lo que muchos temían: el icónico Hotel Ambalá, símbolo arquitectónico y cultural del departamento, pasará a manos de una alianza público-privada, (APP), apuesta que según ella, es la supuesta ‘salvación’ del lugar. Pero detrás de esto, se esconde que el futuro del Ambalá podría no estar en manos de los tolimenses, sino en los bolsillos de unos pocos.

La mandataria aseguró que en abril llegarán ‘excelentes noticias’ sobre el proyecto, y que antes de terminar el año la alianza estará consolidada. Lo que no dijo es a qué precio, ni para quiénes. Porque si algo ha demostrado la historia reciente del Tolima, es que las alianzas público-privadas terminan siendo, en muchos casos, un eufemismo para privatización encubierta, manejo opaco de recursos y cesión de bienes públicos a intereses privados.

¿Otra joya entregada?

El Hotel Ambalá, que alguna vez fue el orgullo arquitectónico de la capital tolimense, lleva años condenado al abandono por el propio Estado. Ahora, en lugar de asumir la responsabilidad institucional por su deterioro, la Gobernación busca atar su destino al capital privado, sin garantizar que ese nuevo modelo no repita los errores del pasado.

Porque si el interés es recuperar el patrimonio y fomentar el turismo, ¿por qué no se ha planteado una restauración pública, con recursos del departamento, de la Nación o mediante mecanismos de participación ciudadana? ¿Por qué la única salida viable parece ser entregar las llaves a un privado?

El modelo que no aprendió la lección

El Tolima tiene amargas experiencias con las APP. Obras inconclusas, sobrecostos escandalosos, contratos leoninos y beneficios escasos para la ciudadanía son solo algunos de los antecedentes que deberían encender las alarmas. Pero en lugar de replantear el modelo, la actual administración lo adopta, como si el simple acto de firmar con privados garantizara éxito.

La realidad es que muchas de estas alianzas terminan beneficiando más a los inversionistas que a la comunidad. Se generan peajes simbólicos disfrazados de tarifas por servicios, se imponen cláusulas de confidencialidad que impiden la fiscalización real y se venden ilusiones de desarrollo mientras se hipoteca el control de activos públicos.

¿Recuperación o negocio redondo?

Mientras la gobernadora habla de ‘devolverle la funcionalidad’ al hotel, lo que no queda claro es quién tendrá el control del proyecto, cómo se repartirán los beneficios, cuánto aportará realmente el privado y qué garantías tiene el Tolima que el Ambalá no termine convertido en un negocio exclusivo para algunos pocos disfrazado de progreso.

Lo que está en juego no es solo un edificio. Es la soberanía sobre el patrimonio público, la capacidad del Estado de liderar procesos de recuperación urbana y la transparencia con la que se gestiona lo que nos pertenece a todos.