
Golpe de estado sindical en la Alcaldía de Ibagué: destituyen junta directiva en medio de denuncias por irregularidades
La nueva directiva de SINTRAMUSICAL advirtió a la administración Aranda de presunta omisión y exige respeto a la institucionalidad sindical.
Estalló tremendo escándalo al interior de uno de los 13 sindicatos que actualmente tiene la administración local. Según se conoció, la mayoría de los afiliados del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Ibagué, SINTRAMUSICAL, dio golpe de estado al remover por completo a su junta directiva. La decisión, adoptada en la Asamblea General Extraordinaria el pasado 7 de mayo, fue el resultado de una profunda inconformidad por parte de los trabajadores, que señalaron reiterados incumplimientos estatutarios, trato indigno a los afiliados y pérdida total de confianza en los antiguos dirigentes.
El proceso contó con la participación del 72 % de los afiliados en pleno uso de sus derechos sindicales y fue legalizado formalmente ante el Ministerio del Trabajo. El registro oficial de la nueva junta quedó sellado con el número 11EE2025717300100001983 el 15 de mayo de 2025.
La nueva junta, presidida por Johan Sebastián Hernández Varón, fue enfática en señalar, que cualquier actuación a nombre del sindicato por parte de los exdirectivos carece de validez jurídica, y además advirtieron que la usurpación de funciones podría derivar en responsabilidades civiles, laborales e incluso penales.
Entre los ingredientes más graves que ahora rodean este escándalo sindical, apareció una alerta que compromete directamente a la administración municipal. Según se estableció, al parecer uno de los antiguos miembros de la junta directiva era asesor de despacho de la Alcaldía, lo cual está expresamente prohibido por la ley. Los asesores no pueden pertenecer a juntas directivas sindicales ni tener fuero sindical, y su inclusión en la cúpula del sindicato abre un nuevo frente legal.
La actual directiva de SINTRAMUSICAL expresó que el gobierno de Johana Aranda, habría incurrido en omisión al permitir que sus asesores integraran ilegalmente una organización sindical, lo que violaría normas básicas del régimen laboral colombiano. La situación, aseguraron, es de extrema gravedad, dado que un acto administrativo inválido permitió blindar a funcionarios que no tienen derecho a fuero sindical, y hoy la ciudad paga las consecuencias.
En el comunicado oficial emitido por la nueva junta se insistió en que todos los cambios fueron hechos conforme a la ley, garantizando el debido proceso, el derecho a la defensa y la transparencia estatutaria. No obstante, en el documento también se aclaró que cualquier trámite institucional que provenga de la antigua junta debe ser rechazado.
Los nombres de los exdirectivos destituidos no fueron mencionados explícitamente en el comunicado, pero se sabe que al menos uno ya fue identificado por los nuevos directivos que estaría vinculado como asesor a la administración central.



