Habitantes de La Miel exigen a Cortolima intervenir por alta contaminación del Relleno Sanitario de Ibagué
La quejosa reveló una realidad desoladora: las quebradas Guacarí, Gualanday, entre otras, están siendo gravemente contaminadas por los desechos gestionados por Interaseo.
La situación ambiental en las afueras de Ibagué se ha tornado cada vez más alarmante, según lo denunció Andrea Sánchez, coordinadora de la Guardia Ambiental Ancestral Tolima y fiscal de la Junta Acción Comunal del asentamiento Hacienda La Miel.
La representante de la comunidad del aventamiento La Miel, ubicado a las afueras de Ibagué, expuso una serie de irregularidades y negligencias que reflejan una preocupante falta de control y responsabilidad por parte de la empresa Interaseo y la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima).
La quejosa reveló una realidad desoladora: las quebradas Guacarí, Gualanday, entre otras, están siendo gravemente contaminadas por los desechos gestionados por Interaseo. Estos cuerpos de agua desembocan en el río Coello, que a su vez alimenta al río Magdalena, uno de los principales sistemas fluviales de Colombia. Esta situación ha generado un devastador impacto en la calidad del agua, afectando la salud de los habitantes y dañando cultivos en la región.
La crítica de la fiscal de JAC, se dirigió también a Cortolima, a quien señaló de ser cómplice de la contaminación por su falta de vigilancia y sanción efectiva. La corporación, que debería velar por el medio ambiente y las fuentes hídricas, ha sido acusada de otorgar una licencia ambiental en 2004 que nunca fue debidamente supervisada ni cumplida.
A pesar de los múltiples sancionatorios impuestos a Interaseo, la licencia sigue vigente, permitiendo que el relleno sanitario, conocido como Parque Industrial La Miel, opere como un basurero a cielo abierto.
La situación ha llegado al punto de provocar graves consecuencias para la comunidad. Sánchez denunció que los habitantes de Hacienda La Miel y sus alrededores están sufriendo problemas de salud debido a la contaminación, mientras que Interaseo, con tarifas exorbitantes, no está cumpliendo con sus obligaciones ambientales ni con las promesas hechas en el momento de la concesión de la licencia.
Además, indicó que existe falta de transparencia en el proceso de modificación de la licencia. La audiencia pública programada para el 14 de agosto del año en curso, que debería analizar la situación y los sancionatorios, se encuentra en riesgo de ser aplazada por la falta de documentación esencial, como un estudio epidemiológico y permisos necesarios. La multa de 400 millones de pesos impuesta a Interaseo parece ser un mero trámite, sin garantías de cumplimiento real por parte de la empresa.
Este panorama desolador plantea un cuestionamiento crucial: ¿por qué Cortolima sigue permitiendo que Interaseo maneje un relleno sanitario que claramente está violando las normas ambientales? La comunidad y sus representantes exigen respuestas y acciones concretas para rectificar esta situación, protegiendo así su derecho a un ambiente sano y libre de contaminación.
