Ibagué supera los 1.700 habitantes de calle y Aranda no responde

La administración de Johana Aranda, se rajo en el manejo del problema de los habitantes en condición de calle. La presencia de esta población aumenta de manera desbordada en diferentes sectores de la ciudad, mientras comerciantes y residentes de zonas céntricas y aledañas a las plazas de mercado enfrentan problemas de convivencia, consumo de sustancias psicoactivas, riñas e invasión del espacio público. Ante este panorama, el concejal William Rosas puso en entredicho la efectividad de las acciones de la mandataria Aranda para atender una bomba de tiempo  que, según advirtió, continúa creciendo.

La responsabilidad de manejar esta población recae, entre otras dependencias, en la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por Claudia Aristizábal. Sin embargo, para Rosas, las estrategias y los operativos realizados hasta ahora no muestran resultados suficientes para responder a las necesidades de la ciudad. “Muchas herramientas, muchas estrategias, muchos operativos, pero frente a los resultados no se ha visto efectividad”, afirmó el concejal al ser consultado sobre la gestión de la dependencia frente a este problema.

La cifra que expuso el cabildante es de 1.738 habitantes de calle en Ibagué. No obstante, señaló que la ciudad carece de una base estadística clara que permita establecer cuántas de estas personas permanecen en fundaciones, cuántas han conseguido reintegrarse laboralmente, cuántas recuperaron el vínculo con sus familias y cuántas lograron regresar a la sociedad. “Lo que vemos es que cada día hay más habitantes de calle”, señaló Rosas, quien describió una dinámica en la que aparecen nuevas personas en distintos sectores, mientras otras dejan de ser vistas, sin que exista información consolidada que permita conocer su situación y hacer seguimiento a los procesos de atención.

El concejal también relacionó esta problemática con las afectaciones a la convivencia ciudadana. Según explicó, las disputas por el reciclaje, las riñas, las manifestaciones agresivas y el consumo de sustancias psicoactivas han perjudicado especialmente a barrios del centro de Ibagué y sectores cercanos a las plazas de mercado. Además, sostuvo que la situación afecta la actividad económica y el uso del espacio público.

Aunque reconoció que se trata de un asunto complejo y que las personas habitantes de calle tienen derechos que deben ser garantizados, insistió en que la atención social no puede desligarse de las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía frente a las conductas delictivas que se presenten. “Están consumiendo y están robando, están delinquiendo en la ciudad de Ibagué, en especial en sitios neurálgicos” dijo el concejal.

Entre las medidas que propuso está la conformación de un equipo interdisciplinario que involucre a las secretarías de Desarrollo Social y Gobierno, además de fortalecer los mecanismos de identificación de esta población. Rosas planteó revisar la posibilidad de realizar identificaciones biométricas y verificar los casos en los que existan denuncias relacionadas con hechos delictivos, siempre dentro de los procedimientos legales correspondientes.

También cuestionó la falta de una mesa técnica con municipios y ciudades como Armenia, Manizales, Pereira, Cali y entre otras,, con el propósito de coordinar acciones frente a la movilidad de habitantes de calle entre territorios. Según indicó, algunas personas estarían llegando a Ibagué desde otras poblaciones, una situación que, a su juicio, requiere respuestas conjuntas y no actuaciones aisladas. El cabildante pidió, además, avanzar en la estrategia de seguridad conocida como OCOBAS Plus, mencionada por el secretario de Gobierno, y evitar que el asunto siga sin una respuesta integral.

El cuestionamiento de fondo apunta a la falta de resultados verificables. No basta con realizar operativos, trasladar personas a fundaciones o anunciar estrategias si no existe información que permita establecer cuántas personas fueron atendidas, cuántas lograron salir de la calle y qué seguimiento recibieron.