Impuesto a licores recortaría hasta 5.000 millones a la Fábrica de Licores del Tolima
Históricamente, los ingresos propios permitían a las Fábricas apalancar procesos de innovación y modernización tecnológica, margen que se reduce con el nuevo esquema tributario.
El incremento tributario a los licores contemplado en el decreto de emergencia económica del Gobierno nacional tendría un impacto directo en los precios al consumidor, en las ventas de las Fábricas licoreras y en las rentas que reciben los departamentos, advirtió la gerente de la Factoría del Tolima, Victoria Castillo.
Según explicó la funcionaria, la medida toca simultáneamente tres componentes de la estructura de costos del sector. El primero corresponde al aumento del impuesto específico, que se elevará en un 119 %. A esto se suma el componente ad valorem, que pasa del 25 % al 30 %, y el cambio en la tarifa del IVA, que deja de ser del 5 % para ubicarse en el 19 %.
Castillo señaló que estos incrementos se trasladan de manera directa al precio final de los productos, lo que impacta el bolsillo de los consumidores y altera el comportamiento del mercado. De acuerdo con las proyecciones internas de la Fábrica, el alza promedio en los precios podría alcanzar el 42 %, un nivel que, según indicó, afecta de forma inmediata el volumen de ventas.
La gerente explicó que los productos licoreros tienen una alta sensibilidad frente a las variaciones de precio. Estudios técnicos sobre elasticidad del consumo, citados por la entidad, estiman una posible caída inicial de las ventas superior al 30 %. Esta reducción, afirmó, tendría una relación directa con la disminución de las transferencias que la entidad realiza al departamento.
Durante el último año, la Fábrica de Licores del Tolima giró más de 15.000 millones de pesos a las arcas departamentales. Aplicando la proyección de caída en ventas, las afectaciones podrían aproximarse a los 5.000 millones de pesos anuales, recursos que tradicionalmente se destinan a salud, educación y deporte.
Castillo advirtió, además, que el encarecimiento de los productos legales puede generar un desplazamiento del consumo hacia bienes sustitutos, incluidos aquellos que no tributan. Este fenómeno, según explicó, no solo impacta las rentas oficiales, sino que fortalece la ilegalidad, al beneficiar a productos que no aportan impuestos a las regiones.
En el caso específico de los aguardientes, la gerente indicó que las proyecciones preliminares muestran incrementos de precio que podrían superar el 100 % en algunas referencias, como el aguardiente Tapa Roja. De concretarse este escenario, sostuvo, la demanda se vería seriamente afectada, con consecuencias adicionales sobre la capacidad instalada y los puntos de equilibrio de la empresa.
A estos factores se suma el incremento del salario mínimo, que incide directamente en los costos laborales de la Fábrica, especialmente en las áreas de producción y en las obligaciones derivadas de convenciones sindicales indexadas a este indicador. La combinación de mayores impuestos y costos operativos, señaló, configura un escenario de presión financiera para el sector.
La gerente destacó que estos análisis han sido presentados al Gobierno nacional por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, a partir de ejercicios técnicos desarrollados con la Secretaría de Hacienda departamental, la Federación de Departamentos y la Asociación Colombiana de Industrias Licoreras. Según Castillo, el objetivo es advertir sobre los efectos fiscales y económicos de la medida en los territorios.
Frente a la tesis del Gobierno nacional que los recursos recaudados serían posteriormente redistribuidos a los departamentos, la gerente expresó que esa dinámica no ha demostrado ser efectiva. Explicó que, históricamente, los ingresos propios permitían a las Fábricas apalancar procesos de innovación y modernización tecnológica, margen que se reduce con el nuevo esquema tributario.
Finalmente, la entrevistada insistió en que el impacto del impuesto no se limita al precio de una botella. Según afirmó, la reducción en ventas, el riesgo sobre el empleo, la caída de las transferencias y el fortalecimiento del mercado ilegal configuran un escenario que trasciende a las fábricas y compromete recursos estratégicos para los departamentos.
