Las graves irregularidades de Aranda en el cobro del impuesto predial en Ibagué

Empezaron a conocer las delicadas irregularidades que viene cometiendo el gobierno de Johana Aranda, en el cobro de impuestos predial.

Los primeros en denunciar los abusos fueron los propietarios del conjunto Santafé de Varsovia, tras recibir cobros millonarios por concepto del impuesto predial. La administración de Johana Aranda, a través de la Secretaría de Hacienda, dirigida por Ángel María Gómez, está exigiendo pagos retroactivos de los años 2022, 2023 y 2024, además de intereses desproporcionados, generando un impacto financiero incalculable para más de 320 familias.

El problema radicó en que estos cobros surgieron de errores cometidos por la misma Alcaldia en la determinación del avalúo catastral. El propio gobierno reconoció que los avalúos estaban mal hechos, pero en lugar de asumir su responsabilidad, trasladó la carga a los propietarios, imponiendo retroactivos y cobros por intereses sobre valores que nunca debieron existir.

Diana Escobar, administradora del conjunto, explica que, aunque las reclamaciones deben hacerse de manera individual, la administración del conjunto ha decidido apoyar a los propietarios en esta lucha. «Nos están cobrando retroactivos sobre valores erróneos, y lo más grave es que nos imponen intereses de una deuda que nunca debió generarse. Si el avalúo estaba mal, ¿de quién es la culpa? ¡De la Alcaldía y la Secretaría de Hacienda, que hicieron mal su trabajo desde 2022!», dijo Escobar.

Para muchos, el atropello es evidente. De acuerdo con la normatividad, una resolución de desenglobe catastral, como la que se emitió en octubre de 2022 para este conjunto, solo puede surtir efectos a partir del 1 de enero del año siguiente, es decir, desde 2023. Sin embargo, la Alcaldía pretende cobrar desde 2022, pasando por alto el principio de irretroactividad de la ley.

Los propietarios han visto cómo sus obligaciones tributarias se disparan sin justificación. Un solo apartamento puede tener una deuda de hasta 7 millones de pesos, mientras que los intereses acumulados alcanzan en promedio 1,5 millones de pesos por propiedad. En total, la deuda impuesta a los propietarios del conjunto asciende a la alarmante cifra de 370 millones de pesos.

Las acciones legales no han tardado en llegar. Se han presentado derechos de petición y tutelas, pero la respuesta ha sido el silencio y la negativa sistemática por parte de la administración municipal. «No nos explican qué nos están cobrando ni por qué. Lo único que queremos es claridad y justicia. No podemos pagar por errores que no cometimos», reclamaron los afectados.

El llamado de la comunidad es a Johana Aranda que no puede seguir evadiendo este problema. Los afectados exigen que el secretario de Hacienda dé la cara y explique por qué está cobrando intereses sobre valores mal liquidados. Además, piden que la mandataria intervenga y frene este abuso.

«Alcaldesa, usted es la única que puede hacer algo. No podemos permitir que sigan exprimiendo a los ciudadanos por fallas que son de su administración. ¡Es su responsabilidad!», advirtieron los propietarios, quienes no descartan movilizaciones y acciones más contundentes si la administración persiste en su actitud indiferente.