La informalidad en la construcción y el uso del suelo en Ibagué sigue siendo un problema latente. Las edificaciones levantadas sin permisos adecuados y los establecimientos comerciales abiertos sin regulación han convertido a la ciudad en un escenario donde la norma se vulnera constantemente.
Francisco Espín, director de Justicia de Ibagué, advirtió que la administración local se ha visto obligada a intervenir con demoliciones cuando los propietarios ignoran los fallos en su contra. “Tenemos un fallo para ejecutar. Todavía no he ido a la comuna porque la persona ya tiene fallo ejecutoriado y no hizo la destrucción de forma voluntaria. Cuando no lo hacen de forma voluntaria, lo hace la administración local”, explica Espín.
El fenómeno no es aislado. Según el funcionario, en 2024 se han llevado a cabo varias demoliciones, y para 2025 hay al menos 30 programadas. Sin embargo, estas cifras dependen de los procesos policivos en curso, lo que sugiere que la cifra podría aumentar. “Tenemos acciones populares de demoliciones, por ejemplo, la del Alto de la Virgen, que es de gran magnitud. Hay infracción urbanística en todas las comunas”, afirmó.
Más allá de la demolición de inmuebles irregulares, Espín señala una problemática aún más preocupante: la cultura de la ilegalidad en la planificación urbana. En Ibagué, es común que los ciudadanos construyan o abran negocios sin consultar los requisitos legales. “Los ibaguereños no preguntan qué debemos hacer antes de hacerlo. No solo en construcciones, sino también en locales comerciales. Lo primero que hacen es poner el bar y luego buscar los permisos”, dijo el director de Justicia.
