
No cesan las denuncias contra Alcanos por excesivos cobros en el servicio de gas en Ibagué
Lo que empezó como una denuncia aislada, hoy se ha convertido en un clamor colectivo que evidencia el atropello sistemático de la compañía.
La indignación crece entre los ciudadanos y comerciantes de Ibagué por los abusivos cobros que la empresa Alcanos de Colombia viene realizando por el servicio de gas domiciliario. Lo que empezó como una denuncia aislada, hoy se ha convertido en un clamor colectivo que evidencia el atropello sistemático de la compañía, amparada en la falta de control por parte de las autoridades.
Jonathan Rojas, uno de los afectados, decidió romper el silencio él Conlaverdad.com y hacer pública su denuncia tras recibir un recibo que casi triplica el valor que normalmente pagaba. “Mi consumo siempre ha sido de 80 mil pesos, pero este mes me llegó por 196 mil pesos. He llamado a la empresa y lo único que me dicen es que el consumo se elevó, pero eso es mentira. Hubo un error en la medición y no me quieren solucionar. Me obligan a pagar o me cortan el servicio. Nos tienen a merced de lo que ellos quieren y la Superintendencia de Servicios Públicos solo lo pone a uno en cola sin resolver nada”, relató el ciudadano.
Pero esté no es el único caso que conoció este medio. Ramón Elías Gálvez González, comerciante con negocios en los barrios Jordán Novena Etapa, Provecho Salado y Ciudadela Comfenalco, también denunció una extorsión disfrazada de servicio público.
“En Ciudadela Comfenalco pagábamos en promedio un millón 500 mil pesos, ahora nos llegó por dos millones 700 mil pesos. En Provecho Salado pasamos de pagar 900 mil pesos a 2 millones 210 mil pesos, y en el Jordán de 600 mil pesos a un millón 500 mil pesos. ¿Cómo se puede sostener un negocio así? Vamos a terminar cerrando porque no hay ventas que alcancen para pagar semejantes abusos”, dijo el comerciante, quien además aseguró que las oficinas de Alcanos están llenas de usuarios que salen con las manos vacías tras intentar reclamar.
La empresa, se escuda en el aumento de las tarifas a nivel nacional, mientras evade su responsabilidad frente a las inconsistencias en la medición y el trato indigno que reciben los usuarios al intentar buscar una solución.
El silencio de la Superintendencia de Servicios Públicos y la inacción de la Alcaldía de Ibagué solo alimentan la sensación de desamparo de los ciudadanos, quienes ven cómo sus derechos fundamentales son pisoteados sin que nadie les dé una respuesta.
La situación no solo afecta la economía familiar, sino que pone en jaque la ya golpeada actividad comercial de la ciudad, que hoy lucha por sobrevivir en medio de una crisis económica que Alcanos, con su desmedida codicia, amenaza con agravar.



