
Oídos sordos al ruido en Ibagué
Una de las preocupaciones está conexa con la presencia de bares y establecimientos de entretenimiento ubicados en zonas residenciales que no cumplen con las normas de ruido.
Por: Edgar Antonio Valderrama Zabala
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Los residentes de diversos barrios de la ciudad, colindantes con el Estadio Manuel Murillo Toro, incluyendo el Hospital Federico Lleras, están hasta la coronilla con el aterrador ruido que producen tres o cuatro motociclistas que, con sus vehículos sin exostos, mortifican a la gente hasta altas horas de la noche en el parqueadero del costado occidental del escenario deportivo.
En Ibagué, pese a denuncias, acciones judiciales y llamados a la Policía, la situación perdura igual y el ruido sigue siendo un problema sin atender. La gente es cada vez menos paciente frente al ruido y hechos como este podrían ser el origen de nuevas formas de resolver los conflictos, porque el ruido y sus altos niveles se han convertido en una molestia general.
Las quejas suman el ruido generado en discotecas, bares y por vehículos con exostos modificados, una preocupación para cientos de miles de personas.
La Ley 2450 de 2025, conocida como la Ley contra el Ruido o Ley Antirruido, busca dar respuesta a lo que genera contaminación auditiva en ciudades y centros poblados del país. La norma otorga responsabilidades y facultades a las alcaldías, los inspectores de Policía y las autoridades ambientales para atender las denuncias ciudadanas y aplicar sanciones a quienes generen niveles de ruido que afecten la convivencia y el bienestar de la comunidad, pero el control es exiguo. Las denuncias aumentan y la falta de acción efectiva de las autoridades comienza a generar reacciones de la comunidad.
Un ejemplo de ello ocurrió en La Gran Vía, donde residentes realizaron un plantón sobre la vía Mosquera-La Mesa, en Cundinamarca, cansados de la presencia de motociclistas que realizaron piques durante las madrugadas y circularon con exostos modificados, generando altos niveles de ruido. La situación llegó a tal punto que los habitantes utilizaron piedras para ahuyentar a los motociclistas, quienes, durante las madrugadas, interrumpían su descanso y generaban riesgos de seguridad y por accidentes en la zona. Y el ruido tiene «mamados» a los ibaguereños, que piden control de las autoridades.
En el caso de las motocicletas, la normativa establece límites para las emisiones sonoras. Además, perforar el silenciador, retirar piezas internas o instalar salidas libres está prohibido, al tratarse de modificaciones que alteran el sistema de escape original. Cuando se detecta este tipo de modificaciones, las infracciones pueden generar multas que oscilan entre $604.000 y $711.750, mientras que circular con exceso de ruido o con el sistema de escape roto o sin silenciador puede acarrear multas cercanas a $1.208.000, además de la inmovilización del vehículo, según la conducta identificada. Asimismo, durante las revisiones técnico-mecánicas, las modificaciones que provoquen niveles de ruido superiores a los permitidos pueden generar el rechazo de la revisión.
Sin embargo, la realidad en las calles es otra. Por la ciudad circulan motocicletas con sistemas de escape modificados y una de las principales dificultades para combatir el problema es la falta de equipos técnicos para verificar los niveles de ruido. Los agentes de tránsito requieren sonómetros certificados para medir los decibelios y respaldar una eventual sanción. Sin esta medición, la imposición de un comparendo puede ser susceptible de recursos y cuestionamientos por falta de prueba técnica que respalde la infracción.
Una de las preocupaciones está conexa con la presencia de bares y establecimientos de entretenimiento ubicados en zonas residenciales que no cumplen con las normas de ruido. Pero la barrera sigue siendo la misma: la falta de equipos técnicos para verificar los niveles de ruido, sumada a una respuesta limitada de las autoridades, entre ellas la Policía y las secretarías de Ambiente y Salud, para que apliquen las sanciones oportunas.
Los reportes de vecinos y bares que generan altos niveles de ruido en diferentes sectores de Ibagué originan el reclamo claro de la ciudadanía: poder descansar y desplegar su vida cotidiana sin que el ruido excesivo afecte su tranquilidad y bienestar. En distintos sectores de Ibagué, las comunidades recurren a acciones judiciales, denuncias y protestas ante lo que consideran falta de controles efectivos frente al ruido de bares, discotecas y otros establecimientos.
Por ejemplo, Rincón del Pedregal: denuncian música a alto volumen y ruido de bares y discotecas que se volvió insufrible. La comunidad ha acudido a la justicia para exigir controles y cumplimiento de las normas sobre niveles de ruido. En La Granja: residentes llevaron el caso ante la justicia por el ruido de un bar. Un juez ordenó realizar sonometrías judiciales, pero hay demora de las autoridades para cumplir la orden.
Las Palmeras y la Urbanización Valparaíso: presentaron una acción popular por afectaciones a la convivencia y seguridad, relacionadas, entre otros factores, con altos niveles de ruido que impactaban a los residentes, mientras en Varsovia las denuncias llevaron a operativos de la Alcaldía y la Policía. Algunos establecimientos fueron sellados temporalmente para superar los límites permitidos. Otros barrios enfrentan problemas similares, pero tienen menores niveles de organización comunitaria y continúan soportando el ruido.
Una de las preocupaciones está conexa con la presencia de bares y establecimientos de entretenimiento ubicados en zonas residenciales que no cumplen con las normas de ruido. Pero la barrera sigue siendo la misma: falta de equipos técnicos para verificar los niveles de ruido, sumada a una respuesta limitada de las autoridades, entre ellas la Policía y las secretarías de Ambiente y Salud, para que apliquen las sanciones.



