Peritaje del CTI hunde a Johana Aranda y ratifica la doble militancia, afirma el demandante
Este documento, en lugar de ayudar a su defensa, se ha convertido en la prueba ‘reina’ del proceso que se constituye en un error garrafal.
La vida judicial de Johana Aranda se complica en el marco del proceso de nulidad electoral que cursa en su contra Conlaverdad.com conoció en exclusiva que, tras varios incumplimientos y órdenes ignoradas, finalmente llegó al Tribunal Administrativo del Tolima el tan esperado peritaje del Grupo de Informática Forense del CTI de la Fiscalía, solicitado por el magistrado Luis Eduardo Collazos, el cual es pieza clave para determinar si la entonces candidata incurrió en doble militancia.
El 28 de julio de 2022 marcó una fecha ‘negra’ para la hoy alcaldesa de Ibagué Johana Ximena Aranda Rivera, quien en su momento intentó desvincularse del Partido Conservador en medio de un complejo entramado político. Sin embargo, su renuncia, lejos de ofrecerle una vía despejada hacia una nueva candidatura, la dejó vinculada en un proceso judicial que ha revelado una situación de doble militancia y una renuncia extemporánea.
Todo comenzó en abril de 2024, cuando el magistrado del Tribunal Administrativo del Tolima, ordenó de oficio una prueba pericial clave: verificar la autenticidad del correo electrónico en el que Aranda formalizaba su renuncia al Partido Conservador. Esta renuncia fue crucial para determinar si la actual mandataria actuó dentro de los plazos legales para postularse bajo otro partido, como lo exige la Ley 1475 de 2011. De acuerdo a esta norma, quienes ocupen cargos o aspiren a nuevas candidaturas deben renunciar a su partido al menos 12 meses antes del primer día de inscripciones, en este caso, antes del 29 de junio de 2022.
El informe pericial, sin embargo, arrojó el resultado que ya se sabía: la renuncia fue enviada el 28 de julio de 2022, casi un mes después del plazo máximo. El Grupo de Informática Forense del CTI de la Fiscalía General de la Nación, a través de una inspección digital a los correos electrónicos, confirmó que el mensaje de renuncia había sido recibido por el Partido Conservador desde la cuenta de correo de Johana Aranda a las 17:30 horas del 28 de julio. El documento adjunto, titulado «Renuncia Partido Conservador», con todos los metadatos corroborados, demostró que la renuncia fue presentada de manera extemporánea, comprometiendo su situación electoral.
El informe policial, entregado inicialmente de forma tardía en agosto de 2024, solo añadió más complicaciones a la defensa de Aranda. A solicitud de la parte demandante, representada por José Baruth Tafúr, el magistrado ordenó una nueva revisión del dictamen pericial, la cual ratificó los hechos: Aranda Rivera, no cumplió con los plazos legales.
El auto del magistrado, emitido el 10 de septiembre de 2024, fue tajante al confirmar que la renuncia tardía resultó en una situación de doble militancia, lo que para entonces invalidaban sus aspiraciones políticas.
La normativa es clara y la jurisprudencia de la Corte Constitucional en su sentencia C-334 de 2014 lo reafirma: un candidato que no cumpla con los tiempos de renuncia establecidos incurre en doble militancia, lo que podría anular su candidatura y tener repercusiones legales. En este caso, la investigada habría violado la exigencia especial que se le impone a los candidatos de permanecer en el partido que los inscribió, mientras ostenten cargos públicos, a menos que la renuncia ocurra dentro del tiempo exigido por la ley.
La tardanza en la entrega del informe pericial y las irregularidades señaladas en la diligencia de inspección del 13 de agosto, han generado suspicacias. La defensa de la ‘Hurtadista’ ha intentado justificar los retrasos, sin embargo, los hechos son contundentes: la renuncia fue extemporánea y ahora enfrenta una investigación por doble militancia que la podría dejar fuera de la Alcaldía de Ibagué.
El Grupo de Informática Forense no solo confirmó la fecha y hora exacta del envío del correo, sino que, en el proceso de inspección, accedieron directamente a la cuenta jurídica del Partido Conservador en Bogotá, corroborando los detalles del mensaje que Aranda había enviado a última hora, en un intento por desvincularse.
Este documento, en lugar de ayudar a su defensa, se ha convertido en la prueba ‘reina’ del proceso que se constituye en un error garrafal.
El panorama político de Johana Aranda, antes defensora acérrima del Partido Conservador, ahora se ve oscurecido por un escándalo de doble militancia. Lo que parecía ser un simple trámite administrativo ha destapado un complejo caso de incumplimiento legal que podría tener graves consecuencias para su carrera política.
