Piden a la PGN vigilancia especial en la aprobación del Plan de Desarrollo de Ibagué
En concreto, permitiría modificar la estructura de la administración municipal.
A pocos días de ser aprobado «a pupitrazo limpio» por el Concejo de Ibagué, el controvertido proyecto del Plan de Desarrollo de la alcaldesa Johana Aranda, la iniciativa enfrenta una nueva oleada de críticas y solicitudes de vigilancia especial.
José Baruth Tafur, abogado de la ciudad, solicitó a la Procuradora General prestar especial atención a la sesión del próximo sábado 25 de mayo, cuando la Corporación dará el segundo debate y posterior aprobación a lo que será la carta de navegación del gobierno «Ibagué Para Todos».
En un extenso documento, el abogado pidió al ente de control centrar su atención en el polémico Artículo Décimo de Facultades Protémpore. Este artículo, incluido en el Plan de Desarrollo, otorga a la mandataria amplios poderes para expedir actos administrativos con fuerza de acuerdo.
En concreto, permitiría modificar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, así como crear, suprimir o fusionar empleos y fijar sus emolumentos.
El Plan de Desarrollo en el ojo del huracán
Tafur denunció, que el Plan de Desarrollo, actualmente en proceso de socialización bajo la dirección de Johana Ximena Aranda, ha sido desviado para discutir el Artículo Décimo de Facultades Protémpore.
Este artículo otorga a la alcaldesa la capacidad de expedir actos administrativos con fuerza de acuerdo, modificando la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, así como crear, suprimir o fusionar empleos y fijar sus emolumentos.
Llamado a la transparencia
El ciudadano resaltó que la discusión sobre la modificación de la estructura administrativa debería basarse en estudios técnicos elaborados por las respectivas entidades bajo las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).
El quejoso advirtió que la solicitud de facultades extraordinarias para la alcaldesa, sin una justificación técnica adecuada y debatida transparentemente, podría ocultar intenciones de modificar la estructura organizacional sin la debida transparencia y participación ciudadana.
Los críticos argumentan que el objetivo principal de estas facultades es conseguir carta blanca para una reestructuración administrativa sin los debidos controles y transparencia.
La preocupación radica en que este tipo de poder podría utilizarse para realizar cambios significativos en la administración municipal sin la necesaria participación y supervisión de la ciudadanía y las instituciones de control.
