Procuraduría pide frenar millonario crédito en El Espinal por riesgos legales y financieros
El ente de control fue enfático en su recomendación.
La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas en El Espinal. En un oficio, el ente de control solicitó al alcalde Wilson Gutiérrez Montaña, suspender de inmediato el trámite de desembolso de un crédito autorizado por el Acuerdo Municipal 016 de 2025, ante los serios riesgos jurídicos y financieros que rodean el proceso.
La advertencia quedó consignada en el Oficio 1046, firmado por el procurador provincial Adolfo León Varela Sánchez, en el que se deja claro que avanzar en la ejecución de estos recursos sin plena seguridad jurídica podría comprometer de forma grave las finanzas del municipio.
El llamado de la Procuraduría se produce en medio de una demanda de nulidad que cursa en el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Ibagué (radicado 7300133330122026001800), proceso que busca determinar si el acuerdo que autorizó el endeudamiento se ajusta o no a la ley.
Mientras no exista una decisión judicial de fondo, el organismo de control considera inconveniente y riesgoso avanzar en el desembolso del crédito, lo que deja en suspenso una de las apuestas financieras más importantes de la administración local.
El empréstito, estimado en 18.000 millones de pesos, ha generado controversia en distintos sectores del municipio. Aunque la administración lo plantea como una herramienta para impulsar obras como el reservorio de Chicoral y el mejoramiento de la red vial, las dudas sobre su legalidad han encendido el debate.
El Ministerio Público advirtió que, en caso de que el acto administrativo sea anulado después de haber recibido los recursos, el municipio podría enfrentar un escenario crítico:
- Devolución inmediata del dinero desembolsado
- Pago de intereses que impactarían el presupuesto público
- Costos adicionales que recaerían en los contribuyentes
- Investigaciones fiscales y disciplinarias contra funcionarios
El ente de control fue enfático en su recomendación: abstenerse de avanzar en el proceso hasta que la jurisdicción administrativa se pronuncie, especialmente frente a la medida cautelar solicitada dentro del expediente.
