Reubicaron a familias desplazadas del Catatumbo en Suárez sin avisarle a la Alcaldía ni garantizar su atención

La alcaldesa de Suárez, Consuelo Avilés, encendió las alarmas por la improvisada reubicación de 18 familias víctimas del conflicto armado, provenientes del Catatumbo, quienes llegaron recientemente al municipio tras recibir predios adjudicados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Aunque la entrega de tierras representa un avance en la reparación a víctimas del desplazamiento forzado, la falta de articulación entre las entidades nacionales y el gobierno local convirtió la medida en una nueva carga para una administración sin capacidad instalada para responder de manera adecuada.

“La semana pasada la Agencia Nacional de Tierras hizo la entrega a más o menos 18 familias de unos predios en el municipio de Suárez”, dijo Avilés. Lo preocupante, agregó, es que la entrega se realizó sin información previa, sin coordinación, y sin garantizar las condiciones mínimas de atención. “Simple y sencillamente, pues, entregaron esos predios”, sostuvo.

La mandataria fue enfática en advertir que su administración no fue notificada con anterioridad, y que actualmente no cuenta con recursos ni estructura institucional para responder a las necesidades de esta población. “Hay una preocupación muy grande que es el tema de garantizarle a estas personas salud, educación, vivienda, acceso a servicios básicos. Obviamente no sé cómo voy a atender a estas personas. Y eso sí lo hemos dejado muy claro”.

La mandataria anunció que ya informó a la Defensoría del Pueblo y solicitó la intervención urgente de los entes responsables de garantizar los derechos fundamentales de las personas reubicadas. Mientras tanto, las familias que ya fueron trasladadas enfrentan una situación incierta en un municipio que, hasta ahora, no estaba preparado para recibirlas.

La alcaldesa se sumó al llamado de otros mandatarios locales que han cuestionado los métodos de la Agencia Nacional de Tierras y exigió una revisión inmediata de los mecanismos de articulación. “Como autoridad local debo salvaguardar los derechos de estas personas, pero no puedo hacerlo sola ni a ciegas”, concluyó.