Secretaría de Educación de Ibagué desacata fallo judicial y persiste en ocultar información sobre nombramientos docentes
Con este problema estrenan en nuevo secretario de Educación del municipio.
La Secretaría de Educación de Ibagué está en el centro de una controversia judicial que pone en entredicho la transparencia y su compromiso con el acceso a la información pública. A pesar de una sentencia de tutela que le ordena entregar de forma clara y completa los datos sobre los nombramientos provisionales en el sistema educativo del municipio, la entidad ha optado por una estrategia de dilación y evasión que podría terminar con sanciones judiciales por desacato.
Todo comenzó el 5 de julio de 2025, cuando el ciudadano quien pidió reserva de su nombre, presentó un derecho de petición solicitando información detallada sobre los procesos de vinculación en provisionalidad docente, especialmente aquellos que no siguen el protocolo del Sistema Maestro. También solicitó conocer los listados oficiales de nombramientos de los últimos dos años, los mecanismos de control frente a irregularidades y los canales institucionales para denunciar casos de corrupción.
La respuesta, sin embargo, fue errónea y enviada a otra persona. Al reiterar su solicitud el 10 de julio, el ciudadano volvió a recibir una contestación genérica, dividida en partes, que no respondía de fondo a lo requerido. Esta falta de respuesta efectiva lo llevó a interponer una acción de tutela por la vulneración de sus derechos fundamentales de petición, debido proceso y acceso a la información pública.
El 18 de julio, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagué le dio la razón al accionante y ordenó a la Secretaría responder en un plazo de 48 horas con una comunicación clara, precisa y completa. Sin embargo, lejos de acatar la orden, la entidad presentó una impugnación del fallo. En su defensa, alegó que sí había respondido en los tiempos legales y que no era necesario que la respuesta fuera favorable, sino que simplemente cumpliera con los requisitos legales de oportunidad y congruencia.
No obstante, el accionante insistió en que las respuestas fueron evasivas, inconexas, carentes de información crítica y, en algunos casos, incluso contradictorias. Por ello, el 23 de julio radicó un incidente de desacato, en el que detalla una por una las falencias de la Secretaría: respuestas sin contexto, ausencia de datos verificables, omisión de listados completos, y falta de claridad sobre los procedimientos usados por fuera del Sistema Maestro.
Este nuevo episodio se suma a las denuncias realizadas él Conlaverdad.com que han puesto en evidencia posibles redes de clientelismo, bloqueos arbitrarios en el Sistema Maestro, exigencias de favores o pagos para acceder a vacantes, y manipulaciones de los procesos de nombramiento. Un documento anónimo enviado a la Alcaldía advertía de presuntos actos de corrupción, abuso de poder y tráfico de influencias al interior de la Secretaría de Educación.
El juez podría imponer sanciones al funcionario responsable por desacato, que van desde multas hasta arrestos, según lo previsto en el Decreto 2591 de 1991. Pero más allá del plano judicial, el caso evidencia un patrón preocupante de opacidad institucional que vulnera derechos fundamentales, socava la confianza ciudadana y abre la puerta a la corrupción en el sistema educativo.
La Secretaría, encabezada de Diego Guzmán insiste en que ha cumplido con su deber legal. Sin embargo, los documentos aportados por el accionante, las fallas técnicas evidenciadas en las plataformas digitales y la falta de coherencia en las respuestas institucionales, muestran una entidad más preocupada por protegerse que por responderle con la verdad a la ciudadanía.
