Un tolimense dentro de los siete magistrados de la Corte Suprema que serían revocados por el Consejo de Estado
La semana entrante se presenta ponencia anulando la elección de la tercera parte de la Corte Suprema de Justicia y sumiendo en una crisis al más alto tribunal del país.
Por una decisión del Consejo de Estado, La Corte Suprema de Justicia, podría perder a siete de sus magistrados.
Según trascendió, la semana entrante el magistrado Luis Alberto Álvarez, de la sección quinta del Consejo de Estado, presentará ponencia sobre una demanda que pide la anulación de la elección de casi el 30 por ciento de la Corte Suprema de Justicia.
La ponencia sería favorable a la anulación de la elección de los magistrados:
- Francisco José Ternera, magistrado de la Sala Civil
- Hugo Quintero Bernate, magistrado de la Sala Penal
- Fabio Ospitia Garzón, magistrado de la Sala Penal
- Gerson Chaverra Castro, magistrado de la Sala Penal
- Ómar Ángel Mejía, magistrado de la Sala Laboral
- Iván Mauricio Lenis, magistrado de la Sala Laboral
- Luis Benedicto Herrera, magistrado de la Sala Laboral
Los demandantes alegan que la Corte Suprema de Justicia, no tenía el número mínimo de miembros reglamentarios cuando eligió estos magistrados. La Corte fue perdiendo miembros que no fueron remplazados oportunamente por discusiones sobre la sucesión al interior de la corporación.
La Constitución establece que la Corte Suprema de Justicia escoge a sus miembros de una lista de juristas elegibles preparada por el Consejo Superior de la Judicatura.
También dice que la Corte Suprema debe darse su propio reglamento. Ese reglamento establece que la elección de sus magistrados debe efectuarse por las 2/3 partes del tribunal. Como son 23 miembros, las 2/3 partes son 16 magistrados.
Sin embargo, por ese tire y afloje que vivió la Corte Suprema en 2020, el 27 de febrero de ese año se quedaron apenas con 15 magistrados. Ese día terminó el período de Ariel Salazar, justamente uno de los que tenía bloqueada la elección de nuevos miembros.
La Corte Suprema decidió aplicar esa tercera alternativa por unanimidad. Es decir, los 15 jueces de mayor jerarquía del país, en la jurisdicción ordinaria, concluyeron unánimemente que la mejor vía era interpretar el reglamento, que la Constitución les autoriza a darse a sí mismos.
Al día siguiente fueron elegidos estos siete magistrados que han actuado desde entonces.
Sin embargo, un grupo de abogados demandó la elección, ante el Consejo de Estado, argumentando que la Corte Suprema no podía elegir nuevos magistrados hasta que tuviera 16 miembros. Una verdadera sinsalida porque, como les he contado, habían quedado 15.
Ya la Procuraduría conceptuó dentro del proceso que la Corte Suprema de Justicia actuó en derecho cuando designó a los altos jueces.
Sin embargo, la ponencia del Consejo de Estado se vislumbra favorable a la nulidad, lo cual dejaría por fuera a estos magistrados a quienes les faltan seis años para terminar su período constitucional.
