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Veedor ciudadano denunció ser víctima de intento de agresión por empleado sindicalizado de la Alcaldía de Ibagué

El protagonista de esta delicada situación y ‘protegido’ por sus superiores, es el zootecnista Edgar Alberto Facundo Quijano, adscrito a la Dirección de Asuntos Agropecuarios y Umata, en la Secretaría Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la ciudad.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Ibagué se encuentra sumida en una situación de caos, alimentada por el respaldo inquebrantable y los privilegios de protección otorgados a ciertos empleados, a pesar de sus comportamientos inapropiados hacia la comunidad. Estos incidentes, que incluyen agresiones verbales, amenazas, improperios y maltratos, parecen haberse convertido en una práctica habitual en la entidad, persistiendo desde la administración del exalcalde Andrés Fabián Hurtado, hasta la actual gestión de la alcaldesa ‘Hurtadista’, Johana Aranda.

Conlaverdad.com ha obtenido en exclusiva detalles alarmantes que revelan la situación vivida por el veedor ciudadano Yesid Gaitán, quien fue víctima de improperios y malos tratos por parte de un empleado de esta dependencia. Gaitán, además consejero de Planeación, reveló en única entrevista concedida a este medio, que durante el año 2023, bajo la administración del exsecretario Daniel Guillermo Jaramillo, fue objeto de insultos y maltratos por parte de un empleado de la Secretaría, luego de acudir a presentar una queja por la no entrega de 50 Plantas Ornamentales Duranta destinadas al Parque del Barrio Libertador.

Los hechos se remontan al 4 de septiembre del año anterior, cuando el veedor ciudadano solicitó las plantas, autorizadas el 18 del mismo mes. A pesar de los múltiples intentos, la entrega nunca se realizó, lo que llevó al afectado a acudir nuevamente a la Secretaría el viernes 13 de octubre. Según relató el quejoso, el enfrentamiento verbal con el empleado de la dependencia escaló rápidamente, llegando incluso a amenazas físicas por parte del funcionario. “El empleado que me atendió, reaccionó groseramente tratándome de falsario y mentiroso, le respondí que el suscrito estuvo hasta las 10 de la mañana en el Vivero, y me identifiqué con mi carnet de Consejero de Planeación y la reacción de este señor, fue violenta, insultándome y amenazándome, manifestando que le importaba un ‘culo’, ese pinche carnet y me amenazó, a lo cual respondí a sus insultos, pues este individuo no hacia caso a sus compañeros de que se calmara”, afirmó el consejero de Planeación.

Ante la gravedad de la situación, Gaitán decidió tomar acciones legales. Presentó dos derechos de petición, el primero el 18 de octubre de 2023, solicitando el nombre completo del funcionario agresor, su cargo y estabilidad laboral, y el segundo el 5 de febrero de 2024, pidiendo una respuesta clara y de fondo al primer derecho de petición. Sin embargo, hasta la fecha, el hombre no ha recibido respuesta a ninguna de estas solicitudes, lo que constituye una grave falta disciplinaria por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Pese a que el veedor ciudadano no ha podido obtener la información solicitada de manera oficial, Conlaverdad.com en una rigurosa investigación periodística, conoció en primicia, que el protagonista de esta delicada situación y ‘protegido’ por sus superiores es el zootecnista Edgar Alberto Facundo Quijano, adscrito a la Dirección de Asuntos Agropecuarios y Umata. Facundo Quijano, empleado de planta del Municipio desde el mandato del exalcalde Luis H. Rodríguez, está actualmente vinculado al sindicato de trabajadores públicos de la Alcaldía de Ibagué, Asoempubli.

Ante la falta de atención por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Gaitán decidió elevar su reclamo a instancias judiciales. El 16 de marzo de 2024, interpuso una acción de tutela ante el Juzgado Quinto Civil, solicitando la protección de su derecho fundamental de petición y exigiendo una respuesta inmediata por parte de la entidad.

Este escándalo pone en entredicho la eficacia de la institución con los ciudadanos, así como la necesidad de una mayor transparencia en el servicio público. Es fundamental que se esclarezcan estos hechos y se tomen medidas adecuadas para garantizar la integridad y seguridad de los ciudadanos que buscan hacer valer sus derechos.

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