Veeduría de Melgar exige a la Fiscalía ‘desengavetar’ investigación por millonario desfalco
La maniobra quedó en evidencia cuando contadores del Tribunal Administrativo del Tolima reemplazaron su peritaje, dejando en entredicho la validez de todo el proceso.
Conlaverdad.com conoció en exclusiva que, a través de un documento, la veeduría Red de Veedores de Melgar, exigió celeridad a la Fiscalía General de la Nación en la investigación que se adelanta por la millonaria defraudación a los recursos de esa población del oriente del Tolima, un desfalco que superaría los $8.000 millones y que tiene en vilo las finanzas de la localidad.
En la misiva, dirigida a la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, se solicitó que el proceso sea asumido por un fiscal especializado, dada la gravedad de los delitos y la complejidad de la investigación. Según la veeduría, el caso no puede seguir dilatándose en trámites burocráticos mientras Melgar sufre los estragos financieros de un desangre que, a todas luces, pone en evidencia una red de corrupción enquistada en lo público y lo privado.
El origen del escándalo
Las raíces de este entramado se remontan al año 2004, cuando el entonces alcalde de Melgar, Moisés Carreño, firmó un contrato de honorarios profesionales con el abogado Wilyan Jair Galarraga Guzmán. Dicho contrato, supuestamente, buscaba la recuperación de bienes que en realidad nunca fueron del municipio, sino de la empresa de servicios públicos Empumelgar y de la extinta Hydros Melgar S.C.A., E.S.P.
Lo más grave es que Galarraga, en un abierto conflicto de intereses, actuó como demandante y demandado del mismo municipio. A pesar de este absurdo jurídico, hoy pretende cobrar más de $4.200 millones en honorarios, dinero que saldría directamente de los ya debilitados recursos de Melgar.
El arbitraje que hundió más al municipio
El pleito escaló a un proceso de arbitraje en el que fue designado como árbitro único Juan Pablo García Peñalosa, del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Ibagué. Este falló a favor de Galarraga y condenó a la Alcaldia a pagar la exorbitante suma de $2.600 millones, equivalente al 15% del valor de las redes de acueducto y alcantarillado, que como se descubrió posteriormente, eran bienes propios del municipio y jamás debieron ser objeto de reclamación.
La decisión, calificada como un golpe bajo a las arcas públicas, abrió la puerta a un efecto dominó de embargos que hoy ascienden a más de $4.800 millones.
El perito cuestionado
El proceso arbitral se hundió aún más en el descrédito cuando se conoció que el árbitro designó como perito a Ángel Augusto Zarta, un personaje con un historial nefasto: sancionado en 2010 con diez años de suspensión y excluido en 2011 de la lista de auxiliares de la justicia por carecer de título de contador. A pesar de sus antecedentes, fue quien elaboró peritajes que sirvieron de base a la millonaria condena.
La maniobra quedó en evidencia cuando contadores del Tribunal Administrativo del Tolima reemplazaron su peritaje, dejando en entredicho la validez de todo el proceso.
La exigencia de la Veeduría
Ante este panorama, la Veeduría de Melgar no solo reclama celeridad, sino garantías de transparencia. Advierte que el principal investigado es un abogado con experiencia en maniobras de este tipo y que el caso debe permanecer en Ibagué para evitar presiones indebidas en el municipio.
La denuncia es clara: lo ocurrido no es un simple litigio jurídico, sino un entramado que mezcla abogados, peritos y árbitros, en lo que podría configurarse como una maquinaria diseñada para saquear los recursos de Melgar, dejando a su población con un pasivo millonario y un futuro financiero comprometido.
